Empleo asumió la «ilegalidad» de los fondos al rechazar un ERE de Mercasevilla

El Partido Popular está convencido de que el convenio que firmó la Consejería de Empleo con el antiguo IFA en julio de 2001 abrió un cauce de ayudas irregulares que inclumplen claramente la Ley de Hacienda Pública, tal y como lo ha puesto además de manifiesto la Brigada de la Policía Judicial. A partir de 2001, con José Antonio Viera como consejero de Empleo, las subvenciones ni fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno ni registradas en el BOJA. No obstante, el PP da un paso más. La portavoz de esta formación, Rosario Soto, esgrimió ayer el informe que remitió el actual director general de Trabajo, Daniel Rivera, a la juez Mercedes Alaya en junio del pasado año en relación al ERE de Mercasevilla de 2007 para determinar que la propia Junta reconoció la «ilegalidad» de los fondos. El escrito recoge que «para que exista compromiso jurídico válido de pago, es obvio, dado el sometimiento de la Administración a la ley, que el mismo debería haber sido adquirido en el seno de un procedimiento administrativo conforme a la normativa de subvenciones aplicable al efecto». La Junta se desentendió del compromiso de más de nueve millones de euros de este ERE.