Política de meandros

Andalucía y Extremadura ya poseían un triste historial de disputas en el que según la estadística de turno ambas comunidades se iban turnando sucesivamente en los últimos puestos del Estado en cuanto a mayor número de parados y menor renta per cápita. Por eso resulta doblemente patético que ahora los gobiernos supuestamente amigos de Sevilla y Mérida se peleen también por los afluentes del Guadalquivir. No olvidemos que fue la Junta socialista extremeña la que llevó hasta la orilla del Tribunal Constitucional la pretensión de competencias exclusivas del artículo 51 de nuestro nuevo Estatuto, texto que por cierto podríamos calificar del millón de parados pues desde que se aprobó no ha cesado de aumentar el número de desempleados. Y ahora, llegados al río, los magistrados han de cruzar el puente como diría un presidente Griñán que también creía que iba a gobernar sobre Doñana aunque al ritmo que va de recursos y deslindes igual sus dominios quedan reducidos a los jardines de San Telmo si es que algún descendiente de los Montpensier no los reclama, lo cual, bien mirado el testamento de los causahabientes, no es descabellado. Pero saltemos de la anécdota a la categoría, al absurdo que supone que dos autonomías económicamente agónicas se enzarcen en una tan inútil como bizantina política de meandros. Resulta además paradójica la posición del gobierno extremeño que por un lado se agarra a su geografía y por otro pretende atravesar la nuestra con un oleoducto que afortunadamente parece haberse quedado sin fuel y sin fuelle. Y luego, claro, están las frases grandilocuentes del tipo el Guadalquivir es Andalucía (Velasco dixit) como si Andalucía no fuese también la tierra de los solares que sin embargo en un ejemplo indecente de alienación nuestra autonomía ha aceptado como pago de un tercero. Menos mal que en estos tiempos la gente sólo tiene ojos y oídos para la crisis porque el proceso de nuestro Estado Autonómico toma ya tintes de tragicomedia.