El PP intentará que las Cortes hagan una ley que derogue la prohibición

El Gobierno tiene la última palabra porque le corresponde legislar. Y el PP sabe que es poco probable que el PSOE le apoye en el Congreso, sea en materia de toros o sea por cualquier otra cuestión. Aun así ha decidido hacer de la protección de la Fiesta taurina un motivo de oposición y presentará una iniciativa en el Congreso, y también en el Senado, para intentar que el Ejecutivo promueva una ley que impida prohibir las corridas. Los debates los extenderá asimismo a otros Parlamentos autonómicos para rentabilizar en todos los ámbitos la necesidad del PSC de nadar y salvar la ropa al mismo tiempo. Por un lado, el PP pide que a la Fiesta taurina se la declare Bien de Interés Cultural y se dicten normas para protegerla, de tal modo que las comunidades se queden sin capacidad para prohibir este tipo de festejos. Así lo anunció la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, tras la polémica votación en el Parlamento de Cataluña. Por otro, demandará también al Ejecutivo que inicie las gestiones oportunas para que la Unesco reconozca la Fiesta Nacional como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Génova justifica su estrategia en la tesis de que el veto podría ser inconstitucional porque el Estado tiene reservada la competencia exclusiva sobre la defensa del patrimonio cultural, según reconoce el artículo 149.1.28 de la Constitución. Y alega, además, que las comunidades, como sostienen también los taurinos, carecen de competencia para dictar una norma prohibitiva de la actividad de los toros dado que esta medida legislativa excede de las competencias de Policía de espectáculos y de regulación del desarrollo ordenado de la actividad taurina. Con el Estatuto de Cataluña la Generalitat se atribuyó competencia exclusiva en materia de cultura y de espectáculos y actividades recreativas, aunque la sentencia del Tribunal Constitucional ha limitado esas prerrogativas.

Las reaccionesMariano Rajoy defendió ayer el «derecho a poder elegir» de los ciudadanos. «¿A dónde vamos a llegar?», se preguntó, antes de comparar lo ocurrido con la hipótesis de que en una comunidad autónoma estuvieran prohibidas la «caza, la pesca o las carreras de motos», y en otras, no. Y la presidenta del PP catalán, por su parte, responsabilizó directamente al presidente de la Generalitat, José Montilla, y al presidente de CiU, Artur Mas, de la abolición de las corridas. A su juicio, ambos, al dar libertad de voto, han colaborado para poner fin a una «tradición de muchos siglos», informa Efe. También denunció que, tras el veto a la denominada Fiesta nacional, se esconde la pretensión de rechazar todo lo que suponga «cultura compartida entre Cataluña y España».