El PP pedirá judicialmente las actas de los «consejillos» que dirigió Zarrías

SEVILLa- La declaración ante la Guardia Civil del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, en la que denunció una posible destrucción de documentos por parte de funcionarios y apuntó posibles responsabilidades del ex consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, tendrá un nuevo desarrollo judicial.

La portavoz del PP-A, Rosario Soto, anunció ayer que su partido reclamará judicialmente las actas de las reuniones de los lunes preparatorias de los consejos de Gobierno, los llamados «consejillos», en las que intervienen los viceconsejeros y que presidió Zarrías hasta que dejó la Consejería de Presidencia en abril de 2009. Según declaró Guerrero, en estos «consejillos» se aparcaron los informes de la Intervención General de la Junta, que alertaban de irregularidades.

La denuncia del ex director general de Trabajo que habló por primera vez ante la Policía del «fondo de reptiles» es de extrema gravedad. Hay repetidos informes de la Intervención General de la Junta señalando que la fórmula de pago de prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis suponía «prescindir de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido».

El Gobierno andaluz, ante los reparos de la Intervención, ideó en julio de 2001 (fecha a la que se remontan las pesquisas de la juez que instruye el caso) el convenio rubricado por el ex consejero de Empleo José Antonio Viera y el entonces responsable del IFA –luego agencia IDEA–, Antonio Fernández. Eligieron la fórmula de la transferencia de financiación de explotación. Las consecuencias fueron desfases financieros o la generación de obligaciones de pago sin cobertura presupuestaria, «lo que se podría haber evitado con la utilización de la figura de la subvención excepcional», según detalló en su día el máximo órgano de control interno del Gobierno autonómico.

En el último auto, la titular del juzgado número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, requiere a la agencia IDEA que le remita un cuadro resumen de todas las ayudas abonadas mediante esta fórmula de transferencia de financiación que no ha usado sólo Empleo, sino cinco consejerías, entre 2001 y 2010, y que se elevan en esa década a más de 4.300 millones de euros.

El ex alto cargo de Empleo rehuyó ante la Guardia Civil sus responsabilidades y cargó contra la Junta por no haber hecho nada para regular la fórmula de concesión de las ayudas, de tal forma que los borradores normativos que se habrían elaborado para atender las exigencias de la Intervención se llevaron al «consejillo», pero no acabaron en el Consejo de Gobierno. Para el PP, la posible participación de Gaspar Zarrías sería una «prueba evidente» de la participación de los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la trama fraudulenta de los ERE.

Gaspar Zarrías sigue callado, sorprendentemente. Y no es la primera vez que su nombre sale al paso en el caso de los ERE fraudulentos. Del que fuera mano derecha de Manuel Chaves durante casi dos décadas en el Gobierno andaluz, y que concentró un gran poder en las bambalinas de gobierno, también se ha señalado su estrecha relación con el ex ugetista, «conseguidor» y comisionista Juan Lanzas, imputado en la trama y que aparece como intruso en el ERE de Hitemasa junto a su mujer.

Ayudas del «fondo de reptiles» firmadas por Rivera
El PP denunció ayer que el Gobierno andaluz siga defendiendo al actual director general de Empleo, Daniel Alberto Rivera, después de que haya sido imputado por la juez Alaya. La portavoz de esta formación en Andalucía, Rosario Soto, mostró documentación de distintas órdenes rubricadas por Rivera y dirigidas a la agencia IDEA, en la que se encomienda el pago de ayudas sociolaborales a trabajadores de Springer Arteferro. Estas ayudas se tramitaron con cargo a la partida 31.L, el denominado «fondo de reptiles», y, según la dirigente popular, no pasaron ni por el Consejo de Gobierno «ni por el consejero de Empleo». El director general de Trabajo también habría rubricado el pago de ayudas con el mismo procedimiento en las empresas investigadas Calderinox, Acyco y Surcolor. «Sin embargo, el Gobierno socialista respalda a Rivera», deslizó Soto, quien añadió que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, sólo trata de «ocultar la verdad, mentir sistemáticamente y obstruir la labor de la Justicia».

Hay, no obstante, un matiz que no es menor. Los pagos aportados por el Partido Popular los hace Daniel Alberto Rivera en virtud de la orden del 27 de abril de 2010, que formaliza un acuerdo de encomienda de gestión con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Es decir, no se hicieron en virtud del convenio de julio de 2001 que firmó el ex consejero de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández como responsable del IFA. Este convenio de 2001 sí es el que está en el epicentro de la trama y que dio lugar a los desmanes que ahora investiga la juez. Alaya ha imputado a Rivera por ordenar pagos a la empresa Surcolor incurriendo en una «total ausencia de procedimiento»; e investiga, asimismo, si una ayuda de 109.000 euros para la empresa Acyco ordenda por él fue a parar a pagarle una minuta por la misma cantidad al bufete Garrigues.