Zarrías atiza a Alaya: ve errores «más allá del bulto» en la labor de la juez

Sevilla-El PSOE está en guerra contra la juez Mercedes Alaya. Unos adornan su malestar con el socorrido «respeto a las decisiones judiciales»; otros se muestran más críticos e incisivos con sus decisiones, en especial con la de mandar a prisión preventiva al ex consejero de Empleo Antonio Fernández; y los hay, que, directamente, ponen en duda su investigación y auguran su fracaso cuando acabe la fase de instrucción del caso de presunta corrupción institucional más importante de la historia de Andalucía.
Entre estos últimos, se encuentra el ex consejero de Presidencia la Junta de Andalucía y actual secretario federal de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías. Tras participar en Jaén en la manifestación del 1 de mayo, el «número dos» del ex presidente Manuel Chaves, criticó con dureza la labor de la titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla: «Personalmente, desde el punto de vista jurídico, veo errores que podemos calificar de más allá del bulto», sentenció.
Zarrías deslegitima así la labor de la juez, que ya no se limita a investigar el fraude de los fondos públicos, sino que ha abierto otra línea para averiguar por qué durante diez años el Gobierno andaluz permitió el dispendio de fondos públicos al amparo de un «sistema operativo» –el convenio marco firmado en 2001 entre la Consejería de Empleo y el ente instrumental IFA– que considera «ilegal».
En este sentido, tanto el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, como el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, ambos en prisión, han asegurado en su declaración ante la magistrada que Zarrías, como consejero de Presidencia, presidió las reuniones del «consejillo» –órgano previo al Consejo de Gobierno del que forman parte los viceconsejeros– y que conocía los detalles del convenio que permitió transferir la partida presupuestaria 31L a una empresa pública para evitar los controles estrictos de la Intervención.
 Su conocimiento en la creación del «fondo de reptiles», entre otras cosas, es lo que ha motivado al PP a incluirlo entre las 24 personas que solicitará que comparezcan en la comisión de investigación parlamentaria sobre los ERE, una vez que se apruebe su creación en la Cámara. Zarrías está dispuesto a presentarse: «Si me llaman, ¿cómo no voy a acudir? Por supuesto», aseguró. El ex consejero pronosticó que la situación «paulatinamente se irá clarificando».