PP y CiU vuelven a entenderse

No hubo fotografía conjunta con CiU porque, al fin y al cabo, los populares no votarán a favor de los presupuestos dentro de once días, sino que se abstendrán. Y, así, Sánchez-Camacho pudo capitalizar un acuerdo que, en su opinión, marca un antes y un después. «Creo que se abre una nueva etapa de relación entre el PP el Govern. Una nueva etapa que, sin duda, viene marcada por el compromiso que hoy presentamos», dijo en la sala de prensa del PP en la calle Comte d'Urgell, ayer abarrotada.
Govern y PP pactaron el guión de un acuerdo que, según destacaron ambas partes, no es una segunda parte del «pacto del Majestic» –nombre que recibió la colaboración entre PP y CiU en la primera Legislatura de Aznar–, pero que, en realidad, abre la puerta a futuros entendimientos. «Querremos formar parte y condicionar la elaboración de los próximos presupuestos de 2012 y no encontrarnos un proyecto hecho sin diálogo y sin participación», anunció la presidenta del PP catalán.
En paralelo, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ayer en Madrid, ahuyentó la idea de que han vuelto los días de rosa y vino entre CiU y PP. «No veréis ningún pacto del Majestic, ni veréis ninguna cena, ni ninguna comida, ni ninguna fotografía en este sentido», dijo para borrar la imagen de un acuerdo estable de Legislatura. «El PP se nos puso mejor, pero quien tenía más responsabilidad para dar apoyo a estos presupuestos o, como mínimo, para dejar hacer eran ERC y el PSC, incluso Iniciativa», afeó a la izquierda.
A Sánchez-Camacho le preguntaron si se considera la socia preferente de Mas. Su respuesta no tuvo pérdida: «No nos consideramos más que lo que somos, la oposición responsable. Se puede hablar de geometría variable por parte del Govern, pero la ley más importante saldrá adelante gracias a nosotros».
Se felicitó por haber logrado un compromiso transparente resumido en ocho puntos, cuyos aspectos más difíciles de acordar han sido los referentes a la reducción del sector público y a la redefinición del papel de las «embajadas». Respecto al primer escollo, el pacto establece que el Govern llevará a cabo en 2011 un recorte del 10 por ciento de las entidades existentes y de un 20 por ciento de las aportaciones presupuestarias. Según los cálculos del PP, sólo etsa medida ya supondrá un impacto de 1.200 millones de euros. En una segunda fase, a lo largo del resto del mandato, el Govern garantizará una reducción de otro 25 por ciento de las entidades.

Las nuevas «embajadas»
El otro punto que más fricción ha generado es el relativo a la nueva orientación de las «embajadas» de la Generalitat. Tendrán un carácter eminentemente comercial y deberán coordinarse con «las otras instituciones del Estado de análoga naturaleza». «Finaliza el delirio de las embajadas del señor Carod-Rovira», celebró Sánchez-Camacho. Muy probablemente, alguna oficina cierre, pero será el Govern quien decida cuál.

Ocho puntos que el tripartito ve como el Majestic 2
PSC, ERC, ICV, Ciutadans y Solidaritat coincidieron en calificar el acuerdo entre PP y CiU para aprobar los presupuestos de 2011 como una segunda parte del pacto del Majestic, aquel que firmaron populares y nacionalistas en 1996 para garantizar la estabilidad del gobierno de José María Aznar. Además de hacer este símil, todos vertieron otras críticas. El PSC presidente del grupo parlamentario del PSC, Joaquim Nadal, aseguró que su partido no ha negociado porque CiU no ha querido; el presidente de ERC, Joan Puigcercós, dijo que «el pacto es barato para CiU, pero caro para el país»; el secretario general de ICV, Joan Herrera, afirmó que el acuerdo es «el pacto de la vergüenza»
Sin embargo, los protagonistas del pacto, PP y CiU, niegan que su acuerdo sea un trasunto del Majestic. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, aseguró que el acuerdo se limita a los presupuestos y que las medidas de reducción en el sector público tendrán un impacto de al menos 1.200 millones que se podrán destinar a políticas sociales. Los otros puntos del acuerdo consagran el horizonte de la estabilidad presupuestaria, redefinen el papel de las «embajadas» como oficinas comerciales, garantizan un catálogo de prioridades en infraestructuras sanitarias y educativas, abren la puerta a medidas para pymes (25 millones más en avales para autónomos, deducción del 30 por ciento por invertir en nuevos proyectos), mejorará la dotación del Plan Único de Obras y Servicios, y modernizará la Justicia.