Estas ayudas sólo las recibirán los productores, por lo que sectores intermedios como los almacenes, los transportistas o los vendedores no obtendrán ni un solo euro. En esa situación se encuentra Frunet Bio, la cooperativa malagueña que en un principio fue acusada por Hamburgo de ser el punto de infección de la bacteria E. coli que desencadenó una crisis alimentaria en toda Europa. «Nosotros, al ser un almacén distribuidor, no hemos podido solicitar ningún tipo de compensación», se queja Antonio Lavao, el gerente de esta distribuidora.

Frunet Bio, al igual que el resto del sector, aún sigue padeciendo las consecuencias de esta crisis. Esta situación ha creado importantes toneladas de excedente de estos productos que han propiciado una caída generalizada de los precios que todavía hoy se mantiene. Precisamente, esta devalualiación es la que el Partido Popular pedía que se incluyese en las ayudas: «La compensación que recibirán los agricultores sólo cubre una pequeña parte de las pérdidas, aquellas que se estiman sólo por la retirada de producto, pero no se ha tenido en cuenta el resto de daños colaterales como puede ser la bajada de los precios o que se vean afectadas otras frutas y verduras», afirma José Ignacio Llorens, portavoz de Agricultura del PP en el Congreso.

Los países afectados podrán iniciar los pagos a sus agricultores a partir del mes de agosto y tendrán la obligación de abonar todas las ayudas antes del 15 de octubre. Siguiendo las pautas de Bruselas, la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha señalado que están «preparados» para transferir el dinero desde el próximo 8 de agosto a las comunidades afectadas y garantizar que éste llegue a los afectados «lo antes posible». Sin embargo, la rapidez con la que se reciban las ayudas dependerá de las propias comunidades.

La Comisión Europea creó este fondo, cuyo dinero procede de la Política Agraria Común (PAC), con el objetivo de reembolsar en torno al 50% del valor total de las pérdidas. A pesar de ello, limitó las compensaciones a los productores de pepino, tomate, lechuga, calabacín y pimiento porque considera que son los alimentos más afectados y de más difícil almacenamiento.

España, por ser el país más afectado, será el que reciba una concesión mayor. Por detrás de ésta se encuentra Polonia (46 millones de euros), Italia (34) y Países Bajos (27). Sólo cinco estados miembros (Chipre, Finlandia, Lituania, Malta y Luxemburgo) no han solicitado compensación alguna.