MADRID- Falta espacio. Los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional rechazaron ayer, en un duro comunicado, trasladarse durante dos años a una nueva sede mientras duren las obras en el edificio de la calle Génova, su actual ubicación. Los magistrados denuncian las deficiencias que, en su opinión, les impedirán prestar su trabajo con normalidad y, de paso, critican la inversión de 40 millones de euros (en realidad el desembolso es mucho menor, de 14 millones) en tiempos de crisis y austeridad.

Pero los jueces no son los únicos que necesitan más espacio. También la comisaría de la Audiencia Nacional echa de menos más sitio en la futura sede de la madrileña calle Prim (adonde se trasladarán los 150 agentes asignados a esta sede judicial) a partir de septiembre. Entre otras cosas, para disponer de un vestuario diferenciado para policías de ambos sexos. En la actualidad, en la sede de Génova cuentan, según fuentes policiales, con 110 taquillas para hombres y otras 40 para mujeres, debidamente separadas. Allí se cambian habitualmente cada día los 70 agentes que prestan servicio un día cotidiano. Pero en el edificio de la calle Prim (donde tendrán que trabajar durante los próximos dos años, hasta que acaben las obras en la sede de Génova) sólo se han previsto medio centenar de taquillas, se quejan, y todas en el mismo espacio físico.

Fuentes de la Audiencia Nacional reconocieron esta carencia, pero confían en introducir las mejoras necesarias. «Con buena voluntad todo tiene solución», aseguran. «Las instalaciones van a ser más reducidas para todos, claro que sí, pero todo es para mejorar».

Aunque en su comunicado los jueces centrales mantienen que las deficiencias en las nuevas instalaciones impedirán a la Policía «prestar la seguridad oportuna», las fuentes policiales consultadas matizan esa aseveración. «Se trata de duplicar las necesidades de la actual comisaría en otra sede y el espacio con el que contaremos es mínimo, de apenas 30 metros cuadrados; ni siquiera caben las taquillas y no hay luz natural. Así ni siquiera se cumpliría la normativa de salud laboral». El gran dilema, más propio del más avezado diseñador de Ikea, es cómo meter en ese reducido espacio el servicio de calabozos, la guardia de la Policía Judicial, el cuarto de cámaras, los equipos de contravigilancia y de seguridad perimetral... Y todo en un lugar por el que pasan entre 3.500 y 4.000 detenidos al año.

LA RAZÓN ya adelantó el pasado 21 de mayo el rechazo de los jueces de instrucción al proyecto impulsado por el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, y el Ministerio de Justicia. Desde entonces, el malestar no ha hecho sino aumentar. Hasta el punto de que, ahora, los magistrados rechazan el traslado esgrimiendo la inversión millonaria que precisan los trabajos de reforma en la actual coyuntura económica. Los seis jueces centrales (que ayer comunicaron su decisión al propio Juanes antes de hacer público el comunicado) se quejan de que el continuo traslado a la sede de San Fernando de Henares (donde se celebrarán los juicios durante los dos años de obras), a 15 kilómetros de Madrid capital, generará «múltiples gastos y dietas» que se unirán al alquiler que paga el Ministerio de Justicia por la sede de la calle Prim. Por tanto, concluyen que «no se debería acometer la obra» y se decantan por quedarse en el edificio actual, «acometiendo exclusivamente las mínimas obras que garanticen la seguridad e higiene en el trabajo».