Audiencia Nacional
El fiscal no recurre la imputación de Garzón por las escuchas del «Gürtel»
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido no recurrir el auto del magistrado Alberto Jorge Barreiro en el que consideraba que había indicios para enjuiciar al juez Baltasar Garzón por haber ordenado escuchar en prisión a los principales imputados del «caso Gürtel» con sus abogados, confirmaron a LA RAZÓN fuentes del Ministerio Público.
En este sentido, la Fiscalía entiende que un hipotético recurso no cambiaría la decisión del instructor respecto a continuar adelante con el procedimiento contra Garzón. Además, es más que previsible que ni siquiera se adhiera al recurso del juez imputado, dado que, en todo caso, el mismo no tiene efecto suspensivo.
Esta decisión del Ministerio Público no significa que haya cambiado de criterio respecto a su postura de considerar que el juez Garzón no incurrió en delito alguno. De hecho, insistirá en esa línea, por lo que en su escrito de conclusiones provisionales solicitará la absolución.
En sentido totalmente contrario se expresarán las acusaciones personadas en la causa, el abogado Ignacio Peláez (a quien se les intervino algunas comunicaciones en la cárcel y quien presentó la querella que dio origen a esta causa), y los imputados en el «caso Gürtel» Francisco Correa y Pablo Crespo, representados por los letrados José Antonio Choclán y Gonzalo Rodríguez Mourullo, respectivamente.
Todos ellos presentarán escritos de oposición al recurso interpuesto por el juez, y, posteriormente, formularán los correspondientes escritos de acusación y apertura de juicio oral. Todos ellos, acusarán por los dos delitos a los que alude el juez Barreiro en su resolución, es decir, prevaricación y uso de artificios de escuchas y grabación con violación de las garantías constitucionales.
El instructor de la querella reflejaba que las grabaciones ordenadas por Garzón respecto a las entrevistas que mantuviesen en prisión Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez «con los letrados personados en la causa u otros que mantengan los citados internos con los letrados personados en la causa y otros que mantengan entrevistas con ellos». En total, se grabaron casi una treintena de conversaciones. Esas circunstancias, añadía el instructor, llevaron a la «irremediable laminación del derecho fundamental a la defensa».
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