La Audiencia Nacional ha imputado al ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y a su socio Gonzalo Pascual por un presunto delito continuado de apropiación indebida por valor de 4,4 millones de euros procedentes de los clientes del grupo Marsans, según el auto dictado por el juez Santiago Pedraz. El juez imputa también por el mismo delito al último director general de la empresa turística, Iván Losada, representante de la sociedad Posibilitum Business, propiedad del empresario experto en quiebras Ángel de Cabo, que adquirió la compañía en junio de 2010 y que también ha comprado Nueva Rumasa a la familia Ruiz-Mateos.

El primero en declarar como imputado por esta causa será Pascual, que está citado para el próximo 21 de febrero. Al día siguiente acudirá Díaz Ferrán, y el 23 está citado a comparecer Losada, quien también está citado a declarar el próximo 28 de febrero por el «caso Nueva Rumasa». El juez identifica a 4.706 perjudicados por los presuntos delitos, informa Ep. El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional admite así a trámite la querella presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al considerar que existen indicios de que «los responsables de la agencia de viajes se apropiaron indebidamente de las cantidades entregadas por los clientes para la adquisición de billetes», un delito tipificado en el artículo 252 del Código Penal. El fiscal concluye que los clientes perjudicados por Viajes Marsans y sus filiales Tiempo Libre, Rural Tours y Viajes Crisol perdieron las cantidades depositadas por sus reservas de viajes cancelados, por lo que pide investigar el destino de dichas cantidades.
Gerardo Diaz Ferrán negó por su parte haberse apropiado de las cantidades que recibió la compañía de los consumidores por los viajes y servicios contratados, y aseguró que todo se destinó a abonar facturas del grupo turístico. En declaraciones a Efe, el expresidente de la CEOE descartó por tanto que existiese apropiación indebida durante su gestión y señaló que todo ello se «demostrará fehacientemente».

Air Comet, otro problema más
El Ministerio de Fomento retiró el 22 de diciembre de 2009 la licencia de vuelo a Air Comet, compañía propiedad de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, debido a su «situación de insolvencia». La secretaria de Estado de Transportes, Concha Gutiérrez anunció entonces que la dirección de la compañía no presentó el plan de viabilidad que el Gobierno le había exigido. La aerolínea anunció entonces su cierre por no poder afrontar las deudas acumuladas y presentó un ERE aplicable a todos sus empleados, unos 640. Comenzaba un calvario para Díaz Ferrán, que se vio abocado a abandonar la presidencia de CEOE.