PSOE e IU diluyen la responsabilidad de la Junta en la «trama de los ERE»

SEVILLA- PSOE e IU han dado un paso más en su estrategia de diluir la responsabilidad de la Junta en la «trama de los ERE». Lo hicieron ayer, solicitando la comparecencia en la comisión de investigación de Javier Arenas, Juan Ignacio Zoido y Eduardo Zaplana para aclarar posibles responsabilidades en las prejubilaciones en la faja pirítica de Huelva cuando el primero era ministro de Administraciones Públicas; el segundo, delegado del Gobierno en Andalucía; y el tercero, ministro de Trabajo. Los socios del bipartito quieren que destacados dirigentes del PP pasen por la Cámara para ofrecer su testimonio y transmitir la sensación de que el caso no se circunscribe en exclusiva a la administración andaluza. En la vía judicial no es así: la juez Mercedes Alaya analiza un convenio de 2001 ideado por la Junta de Andalucía para flexibilizar los controles de la Intervención, con participación de altos cargos autonómicos en su elaboración y desarrollo y financiado con cargo al Presupuesto autonómico.

En el caso del PSOE esta estrategia es más evidente. No cita a ningún empresario receptor de las ayudas directas arbitrarias y sin publicidad otorgadas por la Junta entre 2001 y 2010 salvo a uno: el ex ministro Manuel Pimentel, como «propietario y responsable de la Fundación Taller de Libros», sociedad que recibió 300.000 euros en 2009. Otros como Ángel Rodríguez de la Borbolla –ex alcalde socialista y hermano del ex presidente de la Junta– que recibió 9 nueve millones no aparece en la lista. Sí está en la de IU y en la del PP, por lo que su presencia está asegurada.

Los socialistas también se olvidan de la mayoría de los «intrusos». Salvo dos casos: el padre de Cristina Ruiz, gerente de Promi y que iba en las listas del PP de Córdoba en las pasadas municipales; y Ramón Polo, ex concejal popular en La Carolina (Jaén) –dejó el partido en 2007– y que fue incluido en el ERE de Gres de Vilches, empresa en la que según aseguró trabajó durante 185 días. Ni rastro del resto: la mayoría con vinculaciones al PSOE, sindicatos y lazos familiares y/o de amistad con altos cargos de la Junta.

También llama la atención que al único cargo de la Agencia IDEA que cita el PSOE es a Manuel Blanco, directivo de la agencia pública acusado por la Junta de llevarse información y que actualmente es el director de Mercasevilla.

En lo que sí se han puesto de acuerdo PSOE e IU es en citar a todos los consejeros de Economía, Empleo e Innovación de los últimos diez años, así como a los dos presidentes autonómicos bajo cuyo mandato ha funcionado el «fondo de reptiles». Además de Chaves y Griñán, reclaman la presencia de Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Martín Soler, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Antonio Fernández –encarcelado– y Manuel Recio. La coalición de izquierdas incluye al ex consejero de Trabajo entre 1996 y 2000 Guillermo Gutiérrez y a Gaspar Zarrías, obviado por el PSOE.

Igualmente, los tres ex directores generales de Trabajo –Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera– aparecen en la solicitud de los dos partidos que sustentan al bipartito. El PSOE se olvida del ex director provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas –sí lo incluye IU– y de asesores de la Consejería, como el ex diputado socialista Ramón Díaz, que sí irá por petición de la coalición de izquierdas.

Por su parte, la intención del PP es otra. Su lista es amplia: 135 comparecientes –en realidad más, porque engloba en una petición a todos los alcaldes de ayuntamientos subvencionados con cargo a la partida 31L–. El PSOE se queda en 26 e IU en 28 . Los populares piden que asistan intrusos, empresarios y asociaciones de ex trabajadores receptores de las ayudas. En clave política, coinciden con IU e incluyen a los mismos consejeros –más Mar Moreno– y a Chaves y Griñán.

El PP reclama que asista el portavoz socialista Mario Jiménez –por su posible intervención en subvenciones concedidas a empresas de Huelva, especialmente de medios de comunicación– y el diputado José Caballos –su hijo fue contratado por una de las empresas de José María Sayago y José Enrique Rosendo, una trama denunciada por la propia Junta y que percibió resoluciones de ayudas por 29 millones y cobró casi 17, según la Guardia Civil–.

El presidente de la comisión, Ignacio García (IU) dijo esta semana que su partido –«llave» de cualquier solicitud– no impondrá veto alguno. Con los 135 que reclama el PP tendrá el primer reto. El lunes se vuelven a reunir para avanzar en el calendario.

La petición de documentación también es ingente, en especial en el caso del PP. Sólo el sumario del juzgado sobrepasa los 20.000 folios. Se reclaman detalles sobre las modificaciones presupuestarias para ver la posible responsabilidad de Griñán. Y todo ello, debe quedar cerrado el 30 de septiembre.