A rebufo de la Justicia por Andrés Muriel

La Junta ha aprovechado los últimos metros de la campaña para dejar claro que, en la trama de los ERE, colabora con la Justicia e incluso que se adelanta a ella. La consejera de Presidencia ha denunciado una red de 18 empresas que habrían defraudado unos 20 millones de euros del «fondo de reptiles». El anuncio, ya puesto en conocimiento del juzgado que instruye el caso, no deja de ser una bagatela electoral, una vistosa oriflama con la que tapar la verdadera actuación del Gobierno andaluz, que ha sido la de mirar para otro lado e ir a rebufo de la Justicia, a tirón de ronzal, como una recua orgullosa y terca.

En San Telmo y en la calle San Vicente sabían desde hace años que había irregularidades en el dinero para ayudas a empresas y prejubilaciones, si no es que desde San Telmo y San Vicente, Junta y PSOE, algunos patrocinaron directamente estas irregularidades. Será un tribunal el que lo dilucide. El diario El Mundo ha informado que la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa avisó a Empleo en el año 2005 de la existencia de 41 irregularidades en prejubilaciones de la Faja Pirítica de Huelva. Las casandras de esta madeja gritaron incluso antes. LA RAZÓN ya adelantó el pasado 7 de junio que mineros de la Faja Pirítica que se habían quedado fuera de un expediente de regulación de empleo, concretamente de la mina de Tharsis, remitieron escritos al Defensor del Pueblo en el 2003 en los que denunciaban casos de intrusos. Algunos trabajadores, rezaba uno de los escritos, «no han visto la mina ni por dentro ni por fuera». El colectivo de mineros afectados se reunió incluso con el que fuera delegado provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez: «Manuel Alfonso Jiménez quería que nosotros diéramos nombre y apellidos de los compañeros que se habían colado tanto en las prejubilaciones como en la bolsa de trabajo para quitarlos». De esta denuncia, que llegó tanto al PSOE como a la Junta, hace ya ocho años. Por el camino se han ido derramando 700 millones de euros. El Defensor abrió una investigación, posteriormente archivada, de la que ni siquiera hay rastro en los informes anuales. El PP no ha prendido los cañones porque sabe que las prejubilaciones de la minería onubense las hicieron al alimón los gobiernos central y autonómico y que el PSOE está al acecho para disparar con dos nombres: Juan Ignacio Zoido y José Torres Hurtado.

La colaboración de la Junta con la Justicia en el caso de los ERE es una tontería calculada, aunque estas tonterías, a base de repetición y matraca, se vayan pegando al oído.