En este segundo documento, la Policía ratifica a la Audiencia Nacional, con fecha del pasado 2 de marzo, que el ex secretario general del sindicato LAB se ha reunido durante su libertad provisional con destacados dirigentes de la ilegalizada Batasuna como Rufi Etxeberria, Pernando Barrena, Joseba Álvarez y Tomasa Alejandro Gordaliza, e incluso con el ex miembro de ETA Eugenio Etxebeste «Antxon». Eso sí, la Comisaría General de Información reconoce que desconoce el contenido de esas conversaciones y, por tanto, si tenían como objetivo la resurrección de Batasuna o la posible estrategia de la formación ilegal para estar presente en las elecciones municipales del próximo mayo.

A instancias de la Fiscalía y tras recibir el primer informe sobre Usabiaga el pasado 9 de febrero, la Audiencia solicitó a la Policía un informe ampliatorio ante la sospecha de que el ex secretario general de LAB estuviese incumpliendo las medidas cautelares impuestas en su día por el juez Garzón. El magistrado le prohibió participar en cualquier actividad relacionada «con el complejo terrorista liderado por ETA» ni en actos de enaltecimiento de la organización terrorista y su entorno.

El tribunal, recusado
Se trataba, por tanto, de determinar si Usabiaga esta desempeñando un papel preponderante en las actividades bajo sospecha, lo que acarrearía una reiteración delictiva que podría comprometer la actual situación de libertad de la que disfruta. El nuevo informe, sin embargo, no abunda en esta cuestión. Según las fuentes consultadas, en el documento la Policía asegura que «no sabe de qué se hablaba en esas reuniones».

Según esas mismas fuentes, ni siquiera la reiteración delictiva sería suficiente para que Usabiaga regresara a prisión «si no hay peligro de fuga» (algo difícil de justificar, pues el líder abertzale ha cumplido escrupulosamente con las comparecencias quincenales que le impuso Garzón).

El tribunal que debía juzgar a Otegi y Usabiaga por intentar supuestamente reconstruir Batasuna a través de Bateragune –integrado por los magistrados Ángela Murillo, Juan Francisco Martel y Teresa Palacios– ha sido recusado por Arnaldo Otegi.

El Tribunal Supremo (TS) anuló el pasado febrero la condena a dos años de prisión impuesta a Otegi por la Audiencia Nacional (el tribunal estaba compuesto por esos tres mismos magistrados) por homenajear a un etarra. Según el TS, la pregunta de Murillo a Otegi durante la vista oral sobre si condenaba la violencia de ETA «exteriorizó un prejuicio acerca de la culpabilidad» del acusado. Por este motivo, ordenó repetir el juicio, pero con otros magistrados.

Mientras se resuelve la recusación, la Sala está formada ahora por Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal, Manuela Fernández de Prado y Nicolás Poveda, que el pasado día 11 dieron traslado a las partes del nuevo informe policial para que se pronuncien.

De momento, la Sala del 69, encabezada por Ángel Juanes, ya ha designado al encargado de instruir el incidente de recusación, tarea que ha recaído en Fernando García Nicolás. Al magistrado le toca ahora practicar todas las pruebas que considere necesarias, recabar las alegaciones de los recusados y elevar las conclusiones de su investigación a la Sala. Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron que el juicio se podría celebrar en abril.


Caamaño: Sortu «no es ETA»
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró ayer que «jurídicamente, es evidente que Sortu no es ETA». «Si fuese ETA, estarían todos en la cárcel», sentenció el titular de Justicia, que advirtió de que «son cosas distintas y hay que aprender a matizarlas, por lo menos en el plano del Derecho». Caamaño hizo hincapié en que el Gobierno continuará «velando por el cumplimiento de la ley», informa Ep. El ministro respondía así a las palabras del lendakari Patxi López, quien había subrayado poco antes que «Sortu no es lo mismo que ETA».