En el acto de presentación del candidato socialista a la Alcaldía de Granada, Francisco Cuenca, Griñán, que fue recibido con la pitada de unos 200 empleados públicos, alabó la labor de los funcionarios al frente de las áreas «más importantes de la vida», como la educación y la sanidad, asegurando que los socialistas «confían» en ellos para seguir con este papel y les defenderán «como nadie».

«Tenemos el convencimiento de que lo público es el esfuerzo de una sociedad para resolver solidariamente los problemas de todos», dijo Griñán.

Tiempos «difíciles»
Pese a ello, el jefe del Ejecutivo andaluz dijo ser consciente de que «son tiempos difíciles» y advirtió de que es precisamente en estos momentos cuando «hay que ser valientes» y «tomar decisiones».

Así, apostó por impulsar reformas que permitan «conservar nuestro sistema de cohesión social» y salir de la crisis «en las mejores condiciones», mediante el impulso de un nuevo modelo de crecimiento basado en la educación, el conocimiento y la igualdad de oportunidades.

Aunque auguró que este trabajo «no será fácil ni rápido», confió en el PSOE como la fuerza política apropiada para llevarlo a efecto, ya que, a su entender, las mayores transformaciones experimentadas por la sociedad española «han tenido en el fondo la bandera socialista».

Por su parte, la portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, recomendó a Griñán y a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, que escuchen a «todas las partes» implicadas en el decreto de reordenación del sector público, después de que, según recordó la dirigente popular, «tanto Griñán como Aguayo asumen que se han equivocado» con dicho decreto.

Soto manifestó que «si escucharan a todas las partes afectadas entenderían seguro en que les merman en su condición como funcionario» y pidió «la necesaria derogación del decreto que está afectando a muchos empleados».

Ante ello, insistió en que con el decreto «se vulnera el derecho de acceder y ejercer en las funciones y cargos públicos en condición de igualdad», además, para Soto, la medida «es anticonstitucional y merma en los derechos, no sólo a los funcionarios sino a todos los andaluces que deben tener las mismas garantías para acceder a la función pública».