Roca se enfrenta a 30 años de cárcel por blanquear 240 millones

Madrid - La Fiscalía Anticorrupción quiere ver entre rejas a Juan Antonio Roca, presunto cerebro del «caso Malaya», los próximos lustros. Ni más ni menos que 30 años de prisión es lo que solicita el Ministerio Público, además de una «módica» multa de 810,78 millones de euros. Esa operación contra la corrupción en el ayuntamiento de Marbella acabó con la disolución del Consistorio, en abril de 2006, cuando estaba Tomás Reñones como alcalde en funciones. En la causa se encuentran imputado 95 personas. Entre los acusados figuran, entre otros, los ex alcaldes Marisol Yagüe y Julián Muñoz, para quienes el fiscal solicita 20 y 10 años de prisión, respectivamente.En el escrito de acusaciones alude a la existencia de una trama de corrupción municipal en el Ayuntamiento marbellí del que Roca sería el «jefe» de la misma, el cual logró «amasar en los últimos años un patrimonio muy importante, integrado por bienes y derechos de muy diversa índole, coincidiendo con la época en que estuvo ligado laboralmente con el Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades municipales». Dicho patrimonio, asegura al respecto, «aparece diversificado en los distintos sectores de la actividad económica: Agrícola, ganadero, en el sector inmobiliario, hotelero, hostelero y servicios». De hecho, Anticorrupción cifra en 240 millones de euros la cantidad de dinero que logró blanquear en 10 años.Esos negocios y propiedades fueron financiados al menos «parcialmente» con dinero obtenido de empresario –que también están procesados en esta causa–, entregado «como contrapartida por la obtención de resoluciones e informes favorables a sus intereses, fundamentalmente en el campo urbanístico». Esos pagos se explican, asegura el fiscal, «por la especial posición de poder» que Roca ostentaba esos años en el ayuntamiento marbellí. Para encubrir la titularidad de esos bienes, «ilícitamente obtenidos, y poder disfrutar de los mismos sin riesgo», Roca constituyó una verdadera «organización», que, «bajo su dirección», gestionaban y administraban su patrimonio, «como si de una empresa se tratara».En cuanto a Julián Muñoz, la Fiscalía concluye que la «cantidad global» que percibió ascendió a 162.000 euros.