Queda libre un negociador de ETA que tenía el móvil del ex director de la Policía

La Justicia francesa ha adoptado esta medida por razones de salud, ya que el preso sufre una grave enfermedad. Iurrebaso fue trasladado el pasado lunes por la tarde desde la cárcel de Le Sante, en la que se encontraba, hasta Osny, donde fue puesto en libertad condicional por orden del juez de Libertades y Prisión, informaron a Ep fuentes jurídicas francesas.

Esta causa fue desglosada por el juez Baltasar Garzón de la investigación del supuesto chivatazo que alertó a ETA de una operación policial contra su «aparato de extorsión» en mayo de 2006. En ese contexto, el juez Pablo Ruz –sustituto de Garzón al frente del Juzgado de Instrucción número 5– pretende esclarecer si este hecho está relacionado con la presunta delación a los terroristas.

Un alto funcionario
Tras ser detenidos, los etarras Jon Iurrebaso y Kepa Mirena Suárez declararon en dependencias policiales a los agentes franceses que eran hombres del proceso y les mostraron una lista de cuatro teléfonos móviles, uno de ellos correspondiente a un alto funcionario del Ministerio francés. Iurrebaso enseñó incluso un papel donde estaban apuntados los cuatro números, dos de ellos correspondientes a terminales españoles con tarjeta prepago. Uno de esos, presuntamente, correspondía al número utilizado habitualmente por el ex director general de la Policía. La juez antiterrorista francesa Laurence Levert solicitó entonces información sobre los dueños de esos teléfonos.
 
A consecuencia de esta revelación, el juez Garzón citó a declarar a García Hidalgo el pasado mes de mayo por estos hechos, pero el imputado no se presentó en la Audiencia Nacional alegando que se encontraba «fuera» y que la citación no le llegó a tiempo. Finalmente, la comparecencia fue aplazada «sine die». El magistrado quería interrogarle para averiguar si este número era utilizado habitualmente por el máximo responsable del Cuerpo Nacional de Policía y, en ese caso, por qué fue esgrimido por Iurrebaso y Suárez cuando fueron detenidos por la Policía gala.

El juez Juan del Olmo también investigó este asunto y llegó a cursar dos comisiones rogatorias a Francia para solicitar información sobre «determinada documentación en la que constaban anotados algunos números de líneas telefónicas pertenecientes a altos funcionarios de los Gobiernos español y francés intervinientes en el proceso de negociación o interlocución con ETA». Sin embargo, posteriormente, se inhibió en favor de Garzón, que venía «conociendo con anterioridad» estos hechos.

Al desglosar las diligencias de la causa del chivatazo, el juez Garzón apuntó que los hechos podían arrojar más indicios respecto al supuesto soplo al «aparato de extorsión» de ETA, aunque posteriormente rectificó y apuntó que se había «podido comprobar» que ambas investigaciones no guardaban «relación alguna».