La dirección del grupo popular, por medio de su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, ya dijo la semana pasada que su grupo se opondría al trámite de dicho proyecto por la vía de urgencia, pero no ha sido hasta hoy cuando han podido expresar ese rechazo, toda vez que el texto quedó registrado en el Congreso hace pocas fechas.

La Mesa de la Cámara Baja ha calificado hoy la iniciativa, si bien ante la petición de que se tramitara con urgencia los cuatro representantes del PP -Ana Pastor, Ignacio Gil Lázaro, Jorge Fernández Díaz y Celia Villalobos-, el del PNV, José Ramón Beloki, y el de CiU, Jordi Jané, han hecho valer su mayoría.

Los populares y los otros grupos mencionados quieren analizar con más calma el proyecto y sopesar algunas modificaciones.

El proyecto del Gobierno prohíbe la financiación pública para centros educativos que discriminan a alumnos y establece sanciones de entre 300 y medio millón de euros.

Según la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, la medida responde a la necesidad de que la ciudadanía pueda ejercer plenamente sus derechos y para garantizar que nadie pueda ser discriminado.