La confesión de los delitos de varios empresarios da un giro al «caso Malaya»

MÁLAGA- El macrojuicio de la «Operación Malaya» contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella dio la semana pasada un giro que parece pondrá fin al retraso que acumula. Ha sido el empresario Ismael Pérez Peña, que fuera adjudicatario del servicio de grúa municipal en el Consistorio costasoleño, el que ha abierto la «veda» al haber alcanzado un «pacto de conformidad».
El procesado admitió haber pagado 180.100 euros al presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, y haber regalado tres automóviles a la ex alcaldesa Marisol Yagüe, lo que le valdría para conmutar los once años de prisión que le solicitaba la Fiscalía por una pena de dos años y tres meses de cárcel, conmutable por varias multas de algo más de 200.000 euros.
Tras la «confesión» de Pérez Peña, han llegado otros reconocimientos en lo que se ha denominado un efecto «dominó».
Así, el empresario Carmelo Armenta admitió haber firmado un contrato simulado para dar cobertura y justificar los dos millones que el propio Pérez Peña entregó a Roca en 2006, tras lo cual Anticorrupción ha rebajado a seis meses de cárcel y una multa inferior a un millón de euros la pena para él solicitada inicialmente.
Además, el Ministerio Público retiró la acusación y pidió la libre absolución para el hijo de Pérez Peña, Javier Pérez Villena, hasta ahora acusado de un presunto delito de falsedad documental.
Hoy se celebrará la última sesión relativa al empresario Pérez Peña y su entorno y la vista oral se aplazará al 7 de noviembre para reanudarse con las declaraciones del principal acusado en la trama de corrupción y ex concejales del Ayuntamiento marbellí.

Antecedentes
Los acuerdos de conformidad tienen como precedente los pactos que la Fiscalía Anticorrupción suscribió con varios ex concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) en el Ayuntamiento de Marbella para evitar la celebración de un sinfín de juicios relativos a presuntos delitos contra la ordenación del territorio.
El ex alcalde marbellí Julián Muñoz cumplió casi tres años de prisión en el marco de este pacto, si bien los dos últimos lo hizo en régimen de tercer grado. Otros ex ediles del consistorio ingresaron «motu proprio» en la prisión de Alhaurín de la Torre en noviembre del año 2008 tras admitir la autoría de los delitos urbanísticos.
De forma más reciente, el ex alcalde del municipio malacitano de La Viñuela Juan Millán (PSOE) ingresó para cumplir una condena de 27 meses de cárcel tras un pacto con el fiscal en cumplimiento de más de una docena de causas por prevaricación urbanística.