Sevilla-El Partido Popular quiere una investigación parlamentaria a fondo sobre los ERE fraudulentos. El secretario general de la formación en Andalucía, Antonio Sanz, avanzó ayer que registrará una iniciativa para que acudan a comparecer 24 personas, entre ellas, el ex presidente Manuel Chaves y el actual jefe del Ejecutivo en funciones José Antonio Griñán.
Reclama que pasen por la Cámara autonómica actuales y antiguos responsables de la Junta; de los máximos peldaños de responsabilidad y de inferiores, como viceconsejeros o asesores. Un desfile que también incluiría a la actual interventora de la Junta, Rocío Marcos, y su antecesor en el cargo, Manuel Gómez. En la lista están los actuales consejeros de Presidencia, Mar Moreno; Empleo, Manuel Recio; Economía e Innovación, Antonio Ávila; y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. Así como los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera, Antonio Fernández y Guillermo Gutiérrez; de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez; de Presidencia, Gaspar Zarrías. Entre los antiguos asesores, Ramón Díaz, parlamentario en la última legislatura y que estuvo en Empleo a las órdes del ex director general encarcelado Francisco Javier Guerrero.
Algunas de las personas requeridas por el PP-A están imputadas, otras no pero la juez las coloca cada vez más cerca de la diana. Es el caso del actual presidente de la Junta en funciones, que fue consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, dentro de la década (2001-2010) en la que se centra la investigación de la juez Alaya. La Intervención General, dependiente de Hacienda, emitió reiterados informes a partir de 2005 en los que alertaba de que la Junta estaba «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido». Estas advertencias debieron llegar a Griñán, pero su entonces viceconsejera y actual titular de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, tendió un cortafuegos asegurando que no se los trasladó al no considerarlos lo suficientemente relevantes. En el auto de prisión del ex consejero Antonio Fernández, la juez señala que no sólo éste los ignoró, sino también «titulares de otras consejerías». Estos titulares son Griñán, la ex consejera de Hacienda Magdalena Álvarez y los ex consejeros de Innovación Francisco Vallejo y Martín Soler.
El ex interventor general de la Junta es uno de los nombres claves reclamados por el PP-A. Manuel Gómez estuvo al frente de este departamente entre el año 2000 y el 2010. Fue el que firmó los informes que debieron llegar al despacho de Griñán. Estos documentos son claves para determinar si se ha producido un delito de prevaricación, que podría alcanzar a los miembros del Consejo de Gobierno si se prueba que la Junta utilizó la fórmula de la transferencia de financiación a sabiendas de que era irregular. LA RAZÓN publicó que Gómez, en su blog personal, ha dedicado duras críticas al PP y especialmente a Arenas.
El Reglamento de la Cámara recoge que se podrá requerir la presencia «de cualquier persona para que sea oída».

IU, de acuerdo «a priori» con la comisión de investigación
El parlamentario de IULV-CA por Cádiz y vicepresidente primero del Parlamento, Ignacio García, aseguró ayer que su grupo parlamentario no descarta «a priori» apoyar la petición del PP-A. En declaraciones a Europa Press, García dijo confiar en que IULV-CA no sea ningún «obstáculo» para ello.
«Cualquier persona que directa o indirectamente tenga algo que ver con el tema puede comparecer en la comisión de investigación». «No es comparecer por comparecer o porque se sea o haya sido presidente de la Junta de Andalucía, sino porque se tenga que ver algo con tema». La coalición de izquierdas ha apoyado la mayoría de la decena de peticiones de comisión de investigación planteadas por el PP sobre este asunto y que ha tumbado el PSOE. Los populares quieren probar que IU, en vísperas de un pacto de gobierno con el PSOE, cumple la palabra dada.