La Audiencia sin tregua para resolver el «caso Faisán»

MADRID-Mañana, a las cinco de la tarde, en la sede de la Audiencia Nacional de la localidad madrileña de Alcalá de Henares, comenzará a decidirse el futuro del «caso Faisán», relacionado con un supuesto soplo policial a ETA de una operación antiterrorista contra el «aparato de extorsión» de la banda. Fiscal, defensores y acusaciones populares están citados para defender ante quince magistrados de la Sala Penal sus criterios, a puerta cerrada, ante los recursos interpuestos por el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballesteros contra el procesamiento dictado contra ellos por el juez Pablo Ruz. Cada una de las partes hará un breve resumen de lo que ya presentaron por escrito en los recursos contra el auto de procesamiento y las impugnaciones a los mismos.

El presidente de la Sala Penal de la Audiencia, Javier Gómez Bermúdez, tiene la intención de que la decisión que se adopte finalmente sea lo antes posible, teniendo en cuenta la complejidad del asunto, que fue, precisamente, el motivo por el decidió que los recursos los resolviese el Pleno y no la sección a la que correspondía. Por ello, ha señalado reuniones de la Sala todos los días de esta semana, de 9 a 10 de la mañana, y uno también por la tarde, según señalaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas. Incluso, si no lograra una decisión mayoritaria en esos días, continuarían con la deliberación la próxima semana, sin solución de continuidad.

El núcleo central radica en determinar si jurídicamente puede sostenerse la acusación contra los tres procesados de colaboración con la banda terrorista ETA, como sostiene el juez Ruz y las acusaciones populares –ejercidas por Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo– o sólo se le puede imputar un delito de revelación de secretos, como sostiene el fiscal.

Por ello, el Ministerio Público solicita que se estimen parcialmente los recursos de los procesados, quienes, en cambio, defienden que no incurrieron en delito alguno, por lo que instan a la Sala a que revoque la decisión que adoptó Pablo Ruz. Sin embargo, esta última posibilidad, según las fuentes jurídicas consultadas, es la más remota.

Un Pleno dividido
La cuestión, por tanto, se centrará en resolver si la causa debe enjuiciarse en la Audiencia Nacional, lo que conllevaría la confirmación del procesamiento por colaboración con banda armada, o, por el contrario, se estima parcialmente. Es decir, se revoca la imputación por ese delito y se mantiene la de revelación de secretos, lo que tendría la consecuencia de que el procedimiento se trasladaría al juzgado competente de Irún, localidad donde se encuentra el bar Faisán, en cuyas inmediaciones se produjo el supuesto chivatazo a la banda terrorista ETA.

La Sala Penal que se reunirá el martes estará integrada por cinco magistrados de la asociación «progresista» Jueces para la Democracia; cuatro de la «conservadora» Asociación Profesional de la Magistratura, y una de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. El resto de magistrados no están asociados. El Pleno se encuentra bastante dividido sobre la decisión final, aunque fuentes jurídicas prevén que familiarmente se incline por remitir la causa a Irún.

Los dos escenarios
AUDIENCIA
La Audiencia Nacional juzgará a los tres procesados si el Pleno de la Sala confirma que existen indicios de colaboración con banda armada por el chivatazo a ETA. Este criterio es el que sostienen tanto el instructror de la causa, Pablo Ruz, como las acusaciones populares.

JUZGADO DE IRÚN
El procedimiento se trasladaría a Irún si los magistrados avalasen el criterio de la Fiscalía, es decir, estimar parcialmente el recurso y retirar la acusación de pertenencia a banda armada. De esta forma, sólo serían juzgados por revelación de secretos, lo que conllevaría de forma inmediata que la Audiencia Nacional perdiese la competencia para continuar con la causa.

Los imputados
ENRIQUE PAMIÉS
El jefe superior de la Policía del País Vasco fue quién presuntamente dio el chivatazo.
JOSÉ MARÍA BALLESTEROS
El inspector, supuestamente, facilitó a Joseba Elosua el teléfono a través del cual le alertaron.
VICTOR GARCÍA HIDALGO
Ex director general de la Policía supo el «contenido del alcance de la acción» que se perpetró.