En otro sorprendente giro de los acontecimientos, durante una vista oral ante el Tribunal provincial de la isla de Koh Samui, Daniel Sancho se declaró inocente del supuesto asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta que tuvo lugar en la vecina Koh Phangan, aunque admitió ser culpable del desmembramiento y de haber ocultado partes del cuerpo de la víctima arrojándolas al mar y a un basurero. El próximo 27 de noviembre se celebrará una nueva audiencia, donde se le leerán sus derechos y en la que tanto la acusación como la defensa presentarán sus alegaciones y pruebas al proceso abierto en contra del chef.

La audiencia en la corte de Samui comenzó a primera hora de la mañana del lunes con la comparecencia de Sancho, que debía responder si aceptaba o rechazaba los cargos que la Fiscalía le imputó de asesinato premeditado, ocultación del cadáver y destrucción de documentos ajenos. En Tailandia, el primero de estos delitos está castigado con la pena de muerte.

Se trató de la tercera aparición personal de Sancho desde que ingresó en prisión provisional, ya que, en otras ocasiones, ha seguido los procedimientos por videoconferencia.

El joven de 29 años declaró ante la autoridad que, en el día de autos, se produjo una violenta pelea entre los hombres, tras un intento de violación y abuso por parte de Edwin Arrieta, y que él se habría limitado a defenderse de dicha agresión, según explicó a LA RAZÓN el criminólogo Ramon Chipirrás, uno de los representantes del despacho contratado por Rodolfo Sancho. Una vez desestimada parte de la acusación que pesa sobre el sospechoso, este procedimiento continuará la instrucción con una serie de análisis de indicios, que culminará con la apertura de un juicio oral previsto entre marzo y abril de 2024, según explicaron a este medio fuentes cercanas al caso.

Junto al chef estuvo en todo momento su padre, Rodolfo Sancho, que acudió al juzgado para presenciar la declaración de su hijo. Por otra parte, se personaron los representantes legales tailandeses del colombiano, tal y como anunciaron el viernes en una rueda de prensa en Madrid los abogados españoles, Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte.

Cabe recordar que Daniel se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Samui desde hace poco más de tres meses, después de que el 5 de agosto fuera detenido en la vecina isla de Phangan tras confesar el asesinato y descuartizamiento de Arrieta, cuyos restos fueron esparcidos en el océano y en un vertedero. No obstante, con posterioridad declaró que el médico se golpeó accidentalmente la cabeza tras producirse un forcejeo en el cuarto de baño de su habitación de hotel, y que un fuerte impacto en el hueso occipital derecho pudo haber causado el desafortunado fallecimiento. Es preciso señalar que, al no haberse encontrado el torso de momento, sigue siendo imposible determinar con exactitud la causa del deceso. A pesar de todo, el cuerpo policial al cargo de la investigación consideró que

Arrieta murió degollado

Hasta ahora, se suponía que la confesión y la cooperación del acusado podían ayudar a reducir significativamente la condena, tal y como le recordó el propio juez el 7 de agosto. Así que tras las últimas novedades, habrá que esperar a ver la evolución legal mientras el procedimiento sigue su curso.

En esta última comparecencia, Sancho manifestó al magistrado su deseo de prescindir de los servicios del abogado de oficio Krit Sudthanom, que le fue asignado el pasado 26 de octubre cuando el acusado compareció ante la corte sin defensa particular. Al parecer, desde la última vista hace quince días, Sudthanom no se habría puesto en contacto en ningún momento con su cliente. El español no tenía abogado en Tailandia, donde sólo puede ser defendido por uno local, desde el 7 de septiembre, después de que su padre prescindiera de los servicios de Anan Chuayprabat por "discrepancias en la defensa". Por lo tanto, una vez más se encuentra a la espera de que se le designe un nuevo jurista.

En esta ocasión, un intérprete de tailandés a español asistió al sospechoso, tal y como solicitó él mismo hace dos semanas. Estos profesionales conocen a fondo el procedimiento, la terminología y los conceptos legales. Son capaces de traducir la compleja jerga jurídica a un lenguaje sencillo para las partes que no dominan el idioma local, con el fin de garantizar que todos los implicados entiendan lo que se está debatiendo, y se eviten malentendidos que puedan tener graves consecuencias. Para prevenir cualquier posible sesgo, durante el proceso deben abstenerse de dar su opinión o hacer comentarios, así se garantiza que la causa sea justa y que todas las partes reciban el mismo trato.

La legislación tailandesa prevé, en los artículos 288 y 289 del Código Penal, la pena capital en caso de asesinato - siempre que exista premeditación -, aunque suele conmutarse por cadena perpetua. En caso de condena por homicidio, la pena es de entre 15 y 20 años. Ahora bien, el proceso judicial al que se enfrenta Sancho es enrevesado y se prevé largo, ya que puede recurrir a otros dos tribunales y, en última instancia, incluso solicitar el indulto del rey Maha Vajiralongkorn, una vez hubiera cumplido parte de la sentencia. Así sucedió con Artur Segarra, que fue condenado a muerte -y cuya pena fue conmutada en agosto de 2020 por cadena perpetua- por el asesinato y descuartizamiento en 2016 de David Bernat.

En la actualidad en el corredor de la muerte del país asiático permanecen 254 personas, a pesar de que no se ha producido ninguna ejecución desde 2018, según la Coalición Mundial contra la Pena capital.