El próximo jueves comenzarán las comparecencias de la comisión parlamentaria de investigación sobre la contratación pública de la Xunta y la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, a pesar de las críticas de los grupos de la oposición. Estos cuestionan que el plan de trabajo (incluyendo los comparecientes y la documentación) haya sido determinado unilateralmente por el PPdeG, que ostenta la mayoría absoluta en el órgano.

La Mesa de la comisión se reunió ayer para abordar como único punto del día la ejecución del plan de trabajo, aprobado la semana pasada con el respaldo exclusivo de los populares y las críticas del BNG y el PSdeG.

Un total de 39 personas han sido citadas, entre ellas el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el exministro de Sanidad y actual presidente de Cataluña, Salvador Illa; y varios conselleiros del Gobierno gallego, tanto actuales como de administraciones previas.

El inicio de las comparecencias coincide con el viaje oficial de Rueda a Brasil la próxima semana, entre el martes y el viernes, que retoma tras haberlo aplazado en septiembre debido a una reunión en el Palacio de La Moncloa con el presidente Pedro Sánchez.

Durante la reunión de la Mesa, el representante del BNG, Luis Bará, reiteró que su formación aboga por la revocación del plan de trabajo, aprobado con el único voto favorable del PP, que limitó la lista de comparecientes a la propuesta inicial del grupo mayoritario.

De este modo, no figuran en la relación de comparecientes el expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ni su familia, ni Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El BNG también ha criticado la imposición de un "plan de trabajo unilateral" por parte del PP, subrayando que la comisión se activó a petición de los nacionalistas, ya que el reglamento otorga la posibilidad de crear una comisión de investigación automática a cualquier grupo con al menos 25 diputados.

Por su parte, el grupo socialista ha pedido la dimisión de la presidenta de la comisión, la popular Elena Candia, al considerar que rechazó en octubre una serie de enmiendas de la oposición sin fundamento jurídico. Según los socialistas, Candia mencionó la existencia de un informe jurídico que respaldaba su decisión, pero la respuesta recibida el día de ayer desmintió tal documento, lo que ha llevado al PSdeG a exigir su cese inmediato. Consideran "intolerable" que se manipule el proceso parlamentario, especialmente en una comisión cuyo fin es esclarecer los hechos, no encubrirlos.

En realidad, Candia no menciona ningún documento específico, sino que se basa en la información proporcionada por los servicios jurídicos del Parlamento para justificar la exclusión de la votación de las enmiendas. La confusión surge cuando el diputado del BNG, Luis Bará, solicita acceder al informe. "Sería una buena manera de comenzar los trabajos de esta comisión, con la máxima transparencia", comenta Bará, a lo que Candia responde comprometiéndose a considerar su propuesta, sin negar la existencia del informe.