Vox ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que paralice la causa del «procés», manteniendo la orden de arresto de Carles Puigdemont, y plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En sus alegaciones, la abogada de la formación, Marta Castro, defiende que la Ley de Amnistía va en contra del derecho europeo en materia de terrorismo y malversación y señala que la norma afecta también a la integridad territorial de un Estado de la Unión Europea.

En referencia al delito de malversación, la acusación popular señala que los procesados, "como presidente y consejeros de la Generalidad de Cataluña, no sólo admitieron" la sustracción de caudales públicos "para emplearlos en una finalidad prohibida" sino que ,además, "orquestaron y organizaron toda la operación".

Según Vox, "resulta baladí hacer distinción entre intereses financieros" propios y de la Unión Europea porque la UE, "de la que España forma parte, debe garantizar la integridad del territorio, del patrimonio y del erario público de sus Estados miembros" dado que el objetivo de los líderes independentistas era "la desintegración de la unidad de España con la separación de Cataluña".

La Ley de Amnistía, sostiene la letrada de Vox, "vulnera de forma frontal principios básicos de nuestro Estado de derecho como la unidad de España, la separación de poderes, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva". La acusación atribuye la aprobación de la norma exclusivamente al "interés de un partido político de seguir gobernando España". Nada en la normativa, subraya, "responde a un interés general perseguido por la UE".

La amnistía, sostiene Vox, "ni siquiera sería idónea para la "pacificación de Cataluña" y el cese de las exigencias secesionistas, de ser esto último –lo que negamos– la finalidad" de la polémica normativa, que según afirma vulnera la independencia judicial y el derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto la considera contraria a los principios de igualdad ante la ley y no discriminación.

Vox se inclina porque el Supremo opte por la "inaplicación directa" de la Ley de Amnistía, amparándose "en la constitucional separación de poderes, así como en la apreciación de la falta de conformidad de la norma con principios constitucionales y de obligado cumplimiento por afectar a derechos fundamentales". Pero en caso de duda, añade, insta al alto tribunal a acudir al TJUE para que se pronuncie "con suspensión del proceso hasta su decisión", a excepción de las medidas de busca y captura ya adoptadas, cuyo mantenimiento respalda, hasta que la Justicia europea dirima lo que Vox considera una "evidente contradicción con el derecho europeo" en la persecución de la malversación y los delitos de terrorismo.

La acusación popular esgrime que los principios de igualdad y separación de poderes "resultan incompatibles con la inexistencia de concreción de los hechos determinantes de esta norma, porque afecta al núcleo de discrecionalidad provocando una evidente arbitrariedad". Asimismo, cuestiona la utilización del procedimiento de urgencia en su tramitación como proposición de ley.

Pero fundamentalmente defiende que la amnistía de delitos de malversación es incompatible con la Directiva 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2017 sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión.

La amnistía de delitos de terrorismo, expone Vox en su escrito, que "atentan contra los derechos humanos" supone una "contradicción evidente frente a la protección y garantía de los derechos humanos" que garantiza la Directiva 2017/541. Y es que la acusación popular advierte una "desprotección de las víctimas del terrorismo" al quedar los perjudicados y afectados "impedidos de la plena reparación en sede penal y limitando la indemnización en sede civil, e incluso eliminando la posibilidad en sede administrativa".

Asimismo, ve vulnerada "la integridad territorial del Estado español". El territorio de los Estados, subraya, "es la base física del ejercicio de los derechos de los ciudadanos" europeos.

Vox cree que el TJUE debe esclarecer también si los principios y valores del artículo 2 del Tratado de la TUE "son compatibles con la decisión parlamentaria de amnistiar la comisión de delitos, incluidos delitos de corrupción, cometido por cargos públicos pertenecientes a partidos" cuyos votos fueron imprescindibles para que la Ley de Amnistía fuera aprobada.

Por último, insta al TJUE a pronunciarse sobre la presumible vulneración del principio de igualdad "frente a otros ciudadanos procesados por el mismo delito que, sin embargo, no participan de los pactos de gobierno ni de la actividad parlamentaria que produce la aprobación" de la ley.