EH Bildu se ha convertido, con el Gobierno de Pedro Sánchez, en el legislador más efectivo para los postulados etarras. De vaciar de competencias a la Guardia Civil de Tráfico en Pamplona a redactar la ley de Memoria Democrática pasando por lograr la «ley Otegi» para reforma de la ley de seguridad ciudadana.

También la norma ya publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) donde lograron camuflar las verdaderas intenciones de la ley para el intercambio de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales en la UE tiene tras de sí la mano de los abogados etarras donde, con una enmienda de Sumar, consiguieron que los terroristas salgan antes de prisión al descontarles las penas cumplidas previamente en Francia, a pesar de que la Asociación de Víctimas del Terrorismo había avisado en 2022 de que esto iba a ocurrir.

La AVT destaca que la hoja de ruta consta de cuatro fases: El primer movimiento fue el de los traslados a cárceles próximas al País Vasco (principalmente Logroño, Asturias, Zaragoza, Cantabria, Burgos y Soria) además de progresiones a segundo grado o flexibilizaciones del primer grado. En la segunda fase se llevarían a cabo los traslados de todos los presos a cárceles del País Vasco y Navarra. La tercera es la fase actual, la de las progresiones a tercer grado, es decir; abrir la puerta a la concesión de libertades condiciones por parte del Juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. La AVT destaca que en esta fase ha sido clave la transferencia de la competencia de prisiones al Gobierno Vasco desde el 1 de octubre de 2021 ya que, recuerdan, la administración penitenciaria vasca ha optado por un «modelo específico que se caracteriza por potenciar el régimen abierto (tercer grado) pasando de tener que justificar la progresión al tercer grado (modelo estatal) a tener que justificar porqué un preso no está en tercer grado (modelo vasco).

Advierte también de que habrá una cuarta fase, la de las libertades condicionales concedidas por el Juez Central de Vigilancia penitenciaria, que ya se están dando. Pero van más allá y avisan de que el Gobierno intentará también modificar en el Código Penal la pena máxima de 40 años por terrorismo y, cuando queden pocos presos en las cárceles, la presidenta de dicha asociación, Maite Araluce, está convencida de que, «pedirán la amnistía».

Hasta el 1 de octubre de 2021 que se transfirió la competencia de prisiones al País Vasco, la potestad para acordar la progresión al tercer grado era de Instituciones Penitenciarias. A partir de octubre de 2021, la decisión de progresar a tercer grado a un miembro de ETA, salvo en el caso de los presos internos en Navarra, es de la Administración penitenciaria vasca. Además, en los casos de denegación de la progresión al tercer grado, puede ser acordada por el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria vía recurso y, aunque la consejería de Interior de la que depende ahora está en manos del PSE, la política penitenciaria no ha variado en el País Vasco.

Desde febrero de 2022 hasta el 31 de octubre de este año son 85 (68 presos, más 17 repetidos tras revocación) los que han logrado un tercer grado. Son 16 los que han sido revocados por la Audiencia Nacional (más 9 que han sido recurridos y suspendidos y 6 que han sido recurridos y desestimados), según datos de la AVT.

Covite, ha denunciado que en octubre son cinco los etarras con delitos de sangre que han recibido un tercer grado que, además, advierte de que es «fraudulento». El colectivo que preside Consuelo Ordóñez acusa a la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, dirigida por la socialista María Jesús San José, de continuar con la política «fraudulentas» del PNV ya que estos etarras siguen vinculados a la izquierda abertzale, «quien les prohíbe arrepentirse», destaca.

Los últimos etarras en lograr esa progresión de grado han sido Aitor Olaizola, condenado por asesinar al mosso d’esquadra Santos Santamaría el 17 de marzo de 2001; Juan Manuel Inciarte Gallardo, condenado por participar en el asesinato de Julio Segarra Blanco; y José Antonio Borda Gaztelumendi, condenado por los asesinatos de Luis Cadarso, Joaquín Gorjón y Ramón Romeo Rotaeche. Otros dos son Luis Mariñelarena Garciandía, condenado por participar en el atentado con coche bomba que asesinó a Fernando Buesa y a Jorge Díez Elorza; y Harriet Iragui Gurruchaga, condenado por tres asesinatos en el año 2000: el de José María Martín Carpena, Luis Portero García y Antonio Muñoz Cariñanos. En junio de este año fueron Juan Carlos Subijana, José María Arregui Erostarbe "Fiti", Manuel Miner, Garikoitz y José María Novoa otros de los que pasaron a tercer grado.

«Se está siguiendo a rajatabla una de las exigencias de ETA para dejar de matar: vaciar las cárceles» de sus presos con trampas al Estado de derecho», avisa Covite.