Uno de cada tres asesinatos de ETA, sin resolver

Los autores materiales de 312 crímenes de la banda terrorista no han sido condenados y más de un centenar ya han prescrito.

Casi medio siglo después del primer atentado mortal de ETA el 7 de junio de 1968, el del guardia civil José Antonio Pardines en Villabona (Guipúzcoa)– 312 asesinatos de la banda terrorista siguen impunes, una tercera parte de las 858 víctimas mortales de ETA. En todos esos casos no se conoce el autor material de esas acciones criminales y, por desgracia, en más de un centenar no hay vuelta atrás, porque, pasados veinte años, los delitos ya han prescrito.

Sin ir más lejos, la autoría del último atentado mortal de ETA en España –que costó la vida a los guardias civiles Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada en Calviá (Mallorca) el 30 de julio de 2009– sigue huérfana de condena. Pero este atentado no prescribirá hasta dentro de doce años, algo muy distinto de lo que sucede en la mayoría de los cometidos en la segunda mitad de los años noventa del pasado siglo, cuya prescripción es inevitable si no se llevan a cabo diligencias de investigación que interrumpan ese plazo. Con esa intención, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que hasta hace unos días dirigía Javier Zaragoza, ha reabierto en los últimos años más de una veintena de investigaciones de asesinatos de ETA sin autor conocido, la mayoría con fecha de prescripción muy próxima.

Las asociaciones de víctimas han estado especialmente vigilantes para evitar la impunidad. La Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT) hizo público en 2011 un minucioso listado –elaborada por la abogada Carmen Ladrón de Guevara– que cifraba en 356 el número de asesinatos de la banda terrorista sin autor conocido, que tras cruzar datos con la Fiscalía de la Audiencia Nacional redujo a 324. La última actualización, efectuada el pasado diciembre, determina que a día de hoy son 312 los crímenes de ETA en los que no hay autores materiales condenados por la Justicia.

La Audiencia Nacional, sin embargo, reduce esa cifra a 297 víctimas mortales en 224 atentados (más de la mitad, 128, entre 1978 y 1982) en los que no ha sido posible condenar a todos los terroristas que participaron en los mismos.

Un estudio del Gobierno vasco aligeró notablemente ese listado en 2014, pues concluyó que de los 849 asesinatos terroristas atribuidos a ETA eran 197 los que estaban sin resolver, al haberse archivado las investigaciones o sobreseído provisionalmente por ausencia de autor conocido. Pero para la elaboración de ese informe no se pudo contar con los datos de Interior, de la Audiencia Nacional y de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

Fuentes de la AVT aseguran que desde que ese listado de asesinatos etarras impunes vio la luz «se ha trabajado mucho tanto por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional como de las Fuerzas de Seguridad del Estado» en la revisión de causas a punto de prescribir. Una prescripción que en algunos casos se ha podido evitar, recuerdan, con la petición de extradiciones de terroristas o recurriendo a las declaraciones policiales relevantes de miembros de ETA en otros procesos sobre alguno de esos atentados sin resolver. En el primer supuesto, recuerdan esas mismas fuentes, el Tribunal Supremo determinó en 2013 que esa mera diligencia es suficiente para interrumpir la prescripción (el plazo de 20 años que, una vez cumplido, impide seguir investigando un atentado) y en el segundo, esa declaración se considera equivalente a una denuncia policial (que tiene idénticos efectos).

Entre la veintena de sumarios cuya reapertura ha instado en los últimos años la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ahora dirige Jesús Alonso, figura el del asesinato en 2001 del presidente del PP en Aragón Manuel Giménez Abad. La Sala de lo Penal obligó recientemente al magistrado Santiago Pedraz a reabrir la causa y a someter al ex dirigente de ETA Mikel Carrera Sarobe, «Ata», preso en Francia desde 2010, a una rueda de reconocimiento para ver si el hijo del político fallecido le identifica como el autor de los disparos.

Igualmente, también se han retomado las investigaciones de los asesinatos de los concejales del PP Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez, y el del dirigente socialista Fernando Múgica, así como la del secuestro de José Antonio Ortega Lara. Entre los atentados sin autor condenado está también el de Irene Villa, pero en su caso, al no haber víctimas mortales, no está incluido en el listado de los asesinatos sin resolver de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.