El procedimiento por las cuentas del «procés» coge un nuevo impulso. Ayer trascendió que el Tribunal de Cuentas había enviado una notificación al Ministerio Fiscal y a Societat Civil Catalana, como acusación particular. En ella les comunica que disponen de un plazo de 10 días para que envíen sus conclusiones en la causa con la que se pretende esclarecer las responsabilidades sobre el supuesto desvío de mas de tres millones de euros de fondos públicos para financiar la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y las actuaciones en el exterior del Ejecutivo catalán a través de la entidad Diplocat. En concreto, se quiere dilucidar el grado de responsabilidad contable del expresidente catalán Carles Puigdemont y de otros 34 ex altos cargos vinculados con el independentismo en Cataluña.

La resolución de trámite en la que se comunica este plazo está firmada por la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez y se ha enviado tanto a la Fiscalía como a la acusación popular, que ejerce la asociación. En cuanto estas partes envíen sus respuestas, el órgano fiscalizador dará traslado del contenido a las defensas de los investigados para que emitan su pronunciamiento.

Con este movimiento se reactiva la causa tres meses después de que el Tribunal de Cuentas diera carpetazo a la petición de suspender el procedimiento. Así lo solicitaron las defensas del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, de los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa y de otros seis encausados. Lo plantearon bajo el argumento de que la proposición de ley de amnistía entrará en vigor en breve, aunque actualmente se está tramitando en el Senado, y que la futura norma se aplicará a este caso, en el marco del perdón y borrado de los delitos del «procés». De hecho, el texto legal incluye entre los procedimientos que tendrán que amnistiarse y archivarse el que ha instruido el Tribunal de Cuentas desde 2021 y porque «produce la extinción de la responsabilidad penal, administrativa o contable». Fue la consejera Hernáez quien denegó entonces la solicitud en un auto en el que recordaba que «a fecha de hoy se desconocen los términos de la ley pendiente de aprobación por parte de las Cortes Generales».

No era la primera vez que las defensas intentaban que se aplicara con antelación la medida de gracia, pues ya intentaron que se suspendiera la vista del pasado 17 de noviembre. En aquella ocasión, el fiscal jefe del tribunal, Manuel Martín-Granizo, se opuso debido a que este es un procedimiento civil en el que las causas de suspensión están tasadas por ley. «La suspensión no se puede supeditar a un acontecimiento futuro cuya certeza no se puede determinar», sostuvo entonces.

Sin embargo, en las últimas semanas la ley de amnistía ha sufrido varios reveses. La iniciativa ha sido evaluada desfavorablemente en un informe aprobado por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y también en el dictamen de la Comisión de Venecia. En este caso, el organismo europeo insistía en que una ley de estas características se debía aprobar respetando la Constitución y por una mayoría amplia, ya que «los procedimientos legislativos acelerados no son apropiados». Hace solo unos días, la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta. Este último dictamen advierte al Tribunal Constitucional (TC) sobre los efectos «negativos» que tendrá el borrado del delito de malversación del «procés» catalán en el resto de comunidades autónomas y que la aplicación de la medida de gracia a los delitos del proceso independentista puede motivar futuros actos insurreccionales.

Además de Puigdemont, en la lista de encausados figura el también expresidente de Cataluña Artur Mas, a quien el Tribunal de Cuentas condenó por el desvío de fondos para organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Mas fue condenado a reembolsar 4,9 millones de euros a las arcas públicas, además de intereses por un importe superior a un millón de euros.

Junto a ellos, figuran otros líderes del independentismo, como los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín y Lluís Puig; los actuales delegados de Diplocat en Alemania, Marie Katinka, y en el sudeste de Europa, Eric Hauck; y otros ex altos cargos como Joaquim Nim, Antoni Molons, Josep Ginesta y Albert Royo.

La Fiscalía exige 3,1 millones de euros a los 35 investigados de forma conjunta y solidaria. Esta cifra es sustancialmente menor a las primeras que ofreció el propio Tribunal de Cuentas, que inicialmente estableció en 9,5 millones de euros la responsabilidad contable de los líderes del «procés» que están siendo investigados en este procedimiento. Y la acusación popular, a través de Chapapría-Navarro Abogados, reclama 5,3 millones de euros a once ex altos cargos del Gobierno Catalán.