Transparencia reclama al Gobierno los detalles del acuerdo con Ucrania que Sánchez firmó con Zelenski

El Gobierno se resiste a desvelar información pormenorizada del Memorando de Entendimiento (acuerdo internacional no normativo) suscrito con Ucrania el pasado 27 de mayo. Tras una petición de un ciudadano particular al amparo de la ley de Transparencia al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, «no consta respuesta de la Administración», según revela el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en una resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Con ese acuerdo, España se comprometió a aportar 1.000 millones de euros para apoyo militar. Además, y como detalló el Instituto Kiel para la Economía Mundial –el Ejecutivo español no informó al respecto–, hasta la firma bilateral España había entregado a Ucrania armamento valorado en 325 millones de euros.

Pero el solicitante quería ir más allá y entre la lista de sus reclamaciones figuraba una «copia de las versiones en inglés y ucraniano del acuerdo [entre Pedro Sánchez y Volodimir Zelenski]; el informe emitido por el Servicio Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores acerca de su naturaleza, procedimiento y más adecuada instrumentación según el Derecho internacional, así como la competencia para celebrarlo y sobre su adecuación al orden constitucional de distribución de competencias; el informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas donde se acredite la existencia de financiación presupuestaria adecuada y suficiente para atender los compromisos que se derivan del acuerdo; toma de conocimiento por el Consejo de Ministros; copia del expediente administrativo completo y el informe preceptivo donde conste la valoración de sus repercusiones y efectos sobre los gastos e ingresos públicos, presentes y futuros».

Mediante un escrito registrado el pasado 25 de septiembre, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia en la que ponía de manifiesto que no había tenido contestación.

Dos días después, el Consejo trasladó la reclamación al ministerio requerido solicitando la remisión de la «copia completa del expediente y el informe» con las «alegaciones que considerara pertinentes». «En el momento de elaborarse la resolución no se ha recibido respuesta», concluyó.

Por lo tanto, apeló al «derecho de todas las personas a acceder a la información pública», entendiendo por tal «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que se encuentren en poder de alguno de los sujetos obligados, y que hayan sido elaboradas u obtenidas en el ejercicio de sus funciones».

El órgano competente, recuerda, «debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal». En este caso, «el órgano competente no dictó resolución en el plazo legalmente establecido, por lo que la solicitud se entendió desestimada por silencio y expedita la vía de la reclamación del artículo 24 de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno».

Pero «tampoco ha presentado las alegaciones solicitadas», incide la autoridad administrativa independiente, un «proceder» que «dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada al no proporcionarle el expediente íntegro, ni su parecer sobre los argumentos en los que se sustenta la reclamación, de modo que pueda disponer de todos los elementos de juicio necesarios para valorar adecuadamente las circunstancias concurrentes y pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada».

El ciudadano que reclamó los informes presupuestarios y jurídicos, que competen a los ministerios de Hacienda y Exteriores, lamenta que «pese a que tendría que estar correctamente documentado y justificado, con luz y taquígrafos, de acuerdo a la normativa, no ha sido así». Más todavía «en un contexto en el que puede haber una cierta distensión a nivel internacional», afirma, en referencia al ascenso al poder de Donald Trump y su promesa de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania «en 24 horas», «lo que acrecienta el interés por estos datos».

En la información que aportó Moncloa se citaba el compromiso de 15 millones de euros a la recuperación, a través del Banco Mundial, para Moldavia y Ucrania; 1,5 millones de euros al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para desminado humanitario en Ucrania, y 1,5 millones de euros en material y medios de transporte para fortalecer las capacidades de Ucrania en la lucha contra el crimen y el tráfico de armas y personas. El acuerdo incluía también ámbitos de cooperación en materia de inteligencia, formación, desminado, reconstrucción y asistencia humanitaria.

Más de 1.000 millones en ayuda militar

El documento sellado con Ucrania en mayo cifraba la cuantía económica de la ayuda militar de España solo para el primer año de vigencia. No 1.000 millones de euros, sino los 1.129 sobre los que el Ministerio de Defensa no quiso dar explicaciones y se aprobaron el 16 de abril en Consejo de Ministros. El paquete inicial incluía 19 carros de combate «Leopard 2A4» más, nuevos misiles antiaéreos «Patriot», así como diversa munición, sobre todo para piezas de artillería de 155mm. También sistemas antidrones, sistemas optrónicos destinados a la vigilancia y torretas de armas de control remoto.