El Supremo aborda la proximidad de García Ortiz con Moncloa para decidir si anula su nombramiento

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, afronta este martes su primera prueba de fuego en el Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estudia si anula su nombramiento como fiscal general del Estado, a petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) que lo recurrió apuntando a sus vínculos con Moncloa.

Esta misma Sala, que ya le ha corregido nombramientos estrella de su mandato como el de su exjefa, Dolores Delgado, decidirá sobre su continuidad al frente de la institución 24 horas antes de que comparezca ante este órgano para declarar como investigado por una presunta revelación de secretos. Fuentes del alto tribunal confirman a LA RAZÓN que este mismo martes se sabrá el sentido del fallo, por lo que García Ortiz será interrogado en la causa sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso con la incógnita sobre su futuro resuelta.

El recurso interpuesto por la asociación de fiscales más pequeña de la carrera incide en que el nombramiento de García Ortiz no es ajustado a derecho. La APIF sostiene que concurren una serie de circunstancias que hacen que su elección en diciembre de 2023 tenga que anularse. La primera de ellas sería la falta de motivación en la propuesta que formuló el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Manifiesta arbitrariedad"

Cabe recordar que asumió el cargo de fiscal general en julio de 2022, cuando su entonces jefa, Dolores Delgado, dimitió por motivos de salud. García Ortiz, que entonces era jefe de la Secretaría Técnica, ascendió al cargo para el que fue confirmado en diciembre de 2023, con la reelección de Sánchez como presidente del Ejecutivo.

La APIF pide que el Supremo anule el Real Decreto 118/2023, de 27 de diciembre, al considerar que Sánchez incurrió en una "manifiesta arbitrariedad". Entiende que el Gobierno, que es el que propone al fiscal general, debería haber enumerado sus razones para volver a reelegirle, especialmente después de que el CGPJ le declarara inidóneo. Se trató de un pronunciamiento insólito en democracia ya que, por primera vez, el Pleno entendió que no cumplía los requisitos para volver a ser designado fiscal general del Estado.

El dictamen salió adelante por ocho votos frente a siete, que sí le avalaron. El sector conservador inclinó la balanza en contra amparándose, principalmente, en el varapalo que le asestó el Tribunal Supremo (y, en concreto, la Sala que ahora decidirá sobre su futuro), al anular el ascenso de Dolores Delgado. El fallo fue especialmente duro con su actuación ya que le acusó de actuar con "desviación de poder" en el ascenso a la máxima categoría de la carrera fiscal de su amiga.

Los varapalos del Supremo

No obstante, el dictamen del CGPJ no es vinculante y Sánchez le volvió a proponer para el cargo. Lo hizo, de hecho, nada más conocerse el demoledor fallo del Supremo que le corrigió el nombramiento como fiscal de Sala de lo Militar de Dolores Delgado. Los magistrados le reprocharon que promoviera a su anterior jefa aludiendo a una carencia en la ley que no recoge el ascenso inmediato a quienes han ocupado el cargo de fiscal general. Además, le acusaron de actuar con "arbitrariedad", puesto que había otros candidatos con más conocimiento sobre el Orden Militar que Delgado.

Por todo ello, la APIF anunció la interposición de recurso en febrero del año pasado y lo formalizó en abril. En su demanda apuntó a la "línea progubernamental" de García Ortiz, a sus "ataques abiertos a los jueces" y a la "reiterada sucesión de errores jurídicos". De hecho, la asociación se hizo eco también del malestar existente hace unos meses en la Fiscalía ante el silencio de García Ortiz frente a los continuos reclamos de los fiscales del procés para que les defendiera de las acusaciones de 'lawfare' que recibieron por parte del partido que lidera Carles Puigdemont.

Con todo, la demanda se ha ampliado en estos meses para incluir otro varapalo que le asestó el Tribunal Supremo con el segundo nombramiento de Dolores Delgado y también su imputación en la Sala de lo Penal de este mismo órgano por delito de revelación de secretos. Sobre el primero de los puntos cabe recordar que el Supremo también tumbó la designación de Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática por no permitir García Ortiz al Consejo Fiscal que se pronunciara sobre un presunto conflicto de intereses por las actividades de su pareja, Baltasar Garzón.

Por si fuera poco, la demanda incluyó también la corrección a las indicaciones que dio al resto de fiscales en aras a aplicar la conocida como ley del 'solo sí es sí'. La APIF apuntó aquí a la "comisión de errores manifiestos" por la circular cuyo criterio terminó tumbando la Sala Segunda del alto tribunal cuando se pronunció sobre la doctrina a seguir.

Intento fallido de recusación

Apenas semanas después de que que la APIF formalizara la denuncia, García Ortiz irrumpió en el procedimiento y lo hizo para recusar a cuatro de los cinco magistrados que este martes deciden su futuro. El fiscal general, en un movimiento completamente insólito, pidió que se les apartara del caso al considerar que, como fueron los mismos que le acusaron de actuar con desviación de poder, estaban "contaminados" para pronunciarse sobre este asunto.

Los cuatro magistrados de la Sala de lo Contencioso respondieron oponiéndose al requerimiento de García Ortiz y precisando que su actuación no se incluye entre las causas tasadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial para apartarse del asunto. El Supremo fue contundente en su respuesta y dio la razón a los magistrados recusados.

El auto no solo respaldó los argumentos de estos cuatro magistrados, sino que apuntó a la "endeblez y escasa consistencia" de la recusación planteada. Además, le recordó que la composición de las Salas es pública puesto que se publica en el Boletín Oficial del Estado y le impuso las costas del incidente. Así pues, con este caldo de cultivo, García Ortiz se juega su futuro en el Supremo donde 24 horas después acudirá a declarar como investigado.