De Suárez a Zapatero: cuando se podía investir a un presidente en un mes

España ha vuelto a entrar en funciones y lejos de que los resultados en las urnas hayan dejado un resultado claro, la situación política nos retrotrae a los bloqueos ya vividos en el año 2015 y 2019. El fantasma de la interinidad vuelve a sobrevolar en La Moncloa, a la vista de los resultados de las elecciones generales del pasado 23 de julio. El término“un gobierno en funciones” vuelve a resultar familiar, como ya lo fue en la XI y XII legislatura bajo la presidencia de Mariano Rajoy y, después, de Pedro Sánchez.

Fue el martes 25 de julio, dos días después de la cita con las urnas, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el cese del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de sus ministros. De facto pasaban a estar en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Ejecutivo. Esto es lo que obliga la Constitución Española una vez que se suceden los comicios. El tiempo que tarda el país, sin embargo, en volver a la normalidad, es, siempre una de las principales incógnitas a resolver. La interinidad política sume al país en una situación inusual en la que el Ejecutivo se encuentra con las manos atadas y sin capacidad de mucha acción hasta la toma de posesión del nuevo Ejecutivo.

El camino para albergar una investidura con opciones a salir adelante es, a día de hoy, poco certero. Ambos bloques necesitan más apoyos de los que tienen en la actualidad y dependen de formaciones con exigencias irrenunciables para que sus candidatos sean investidos.

Bloques muy igualados

El primero en anunciar que iba a presentarse a una investidura fue Alberto Núñez Feijóo, quien mantiene que es su deber como ganador de las elecciones generales. Sin embargo, no cuenta actualmente con los apoyos parlamentarios para ser investido. Suma 171 seguros (PP, Vox y UPN) y da por conseguido el de Coalición Canaria. Pero aún necesita más votos, para lo que tendrá que hablar con todas las formaciones, como dijo el jueves el coordinador general de los populares, Elías Bendodo: «Hablar con todos pero sin tragar con todo». Una especie de apertura a tratar con Junts (formación con la que no han tenido contactos) y ante lo que Vox se plantea su apoyo, pues no aceptan conversaciones con los independentistas.

Será después cuando el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, haga lo propio, aunque también necesita más de lo que tiene y, sobre todo, requiere del voto favorable de Junts, después de que el escrutinio de las papeletas del extranjero les quitase uno de sus escaños por Madrid, el cual quieren recuperar ahora con su nuevo recurso para escrutar otra vez los votos nulos.

Pero, ¿y si no se produce una investidura finalmente? Pedro Sánchez pasará, como mínimo, cinco meses en funciones, hasta 150 días como cifra aproximada, dependiendo del día que se disuelvan las Cortes y se convoquen unas nuevas elecciones generales.

Los tiempos del bipartidismo

Un tiempo de parálisis política que cada vez es más habitual y que contrarresta con la práctica habitual hasta 2011. Desde la primera legislatura hasta la décima, la media de tiempo para formar gobierno se situaba en los 36 días. Era la época en la que reinaba el bipartidismo y en el que las presidencias del Gobierno se turnaban entre el Partido Popular y el Partido Socialista. La facilidad para superar una investidura y formar gobierno se debía a las mayorías absolutas o suficientes que obtenían entonces los partidos en las urnas. En 2015, con la irrupción de los partidos emergentes –Podemos y Ciudadanos- el guion cambió y tras las elecciones generales del 20 de diciembre de ese año, el tiempo que España se encontraba en funciones incrementó considerablemente. Hasta la décima legislatura, durante 36 años, de marzo de 1979 a diciembre de 2015, se contabilizan 370 días de Gobierno en funciones, poco más de un año para esas casi cuatro décadas. A partir de 2015, España ya ha vivido más de un año y medio en funciones en ocho años.

El primer presidente en estrenar un periodo largo en funciones fue Mariano Rajoy que tardó 314 días en 2015 para formar Gobierno, desde el 21 de diciembre de 2015 hasta el 31 de octubre de 2016. Lo hizo tras unas elecciones que tuvo que repetir, las de junio del 2016, precedidas por unos comicios que sentaron el actual escenario de ingobernabilidad. En 2011, sin embargo, lo logró en tiempo récord, apenas necesitó un mes para ello y se situaba entonces en la media de anteriores presidentes, desde Adolfo Suárez hasta José Luis Rodríguez Zapatero.

La segunda vez que el país entró en funciones fue tras las elecciones generales de abril de 2019, donde el PSOE las ganó. La imposibilidad para formar Gobierno llevó a la repetición electoral y supone el segundo periodo de interinidad más largo de la historia democrática. El hoy también presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, -en funciones- tardó 254 días en formar gobierno. En enero de 2020 salió investido gracias al acuerdo con Unidas Podemos y del bloque de izquierdas en el Congreso. De ahí se forjó el primer gobierno de coalición en democracia.

La tercera vez que más tiempo ha estado España en funciones fue en 1996, cuando desde la convocatoria de elecciones del mes de marzo, Felipe González tardó 62 días en formar Gobierno.

Ahora, en funciones, el Ejecutivo tiene competencias limitadas: a parte de facilitar la formación del nuevo ejecutivo, debe limitarse al “despacho ordinario de los asuntos públicos”, según la ley del Gobierno. Un ejemplo claro, es la actualización de los Presupuestos Generales del Estado, que suele sucederse a finales de año. Si no hay un Gobierno oficial, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, prorrogará sus últimos presupuestos. También lo haría si consiguiese ser investido, pero no lograra los apoyos para aprobar las cuentas del Estado. Un gobierno en funciones debe abstenerse de adoptar otras medidas salvo “casos de urgencia debidamente acreditados o por razones, de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique”. El Gobierno solo podría aprobar en Consejo de Ministros los reales decreto ley, en el caso de que se trate de casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, según recoge la Constitución. Aun así, estos reales decretos ley, deberán ser convalidados posteriormente por el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo se encuentra ahora ante el reto de coordinar la agenda europea en funciones, al haber asumido el pasado 1 de julio la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea.