Ministerio de Justicia
Sólo 12 de los 35 diputados propuestos declararán por el asedio al Parlament
El tribunal decide hoy si aplaza el juicio tras un recurso in extremis de la Fiscalía
El comienzo del juicio por el asedio al Parlamento de Cataluña en junio de 2011, previsto para el próximo lunes –en el que Artur Mas y la presidenta del Parlament, Nuria de Gispert, deben declarar como ,testigos por videoconferencia– está en manos de la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que hoy mismo deberá pronunciarse sobre el recurso de revisión presentado por la Fiscalía contra su decisión de que todos los mossos d' Esquadra que han de declarar en la vista oral lo hagan, también, por videoconferencia. Si el tribunal acepta el recurso y acuerda la citación de los agentes, las notificaciones obligarían a retrasar el comienzo de la vista.
Según el escrito firmado por los fiscales Teresa Sandoval y José Perals el pasado miércoles –al que ha tenido acceso LA RAZÓN–, la no presencia en la sala «de todos los testigos y peritos pertenecientes al Departamento de Interior de la Generalitat» acarreará que se «desvalorice» la prueba del Ministerio Fiscal para defender la condena de los veinte procesados. Todos ellos se enfrentan a cinco años y medio de cárcel y una multa de 7.500 euros por un delito contra altas instituciones de Estado en concurso con otro de atentado contra la autoridad.
Pero, además, la lista de diputados y ex diputados del Parlament que tendrán que declarar como testigos, por videoconferencia, se ha visto notablemente aligerada en los últimos días. De los 35 inicialmente propuestos por las partes personadas en la causa, sólo doce testificarán finalmente. El pasado 21 de marzo, una diligencia de ordenación firmada por la secretaria judicial de la sección primera, Isabel Calvo, dejaba sin efecto la citación de 23 diputados y ex parlamentarios, entre ellos el actual consejero de Interior, Ramón Espadaler; la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna; Oriol Pujol, Alicia Sánchez Camacho, Joan Laporta y el ex consejero de Agricultura Joaquín Llena, tras la renuncia efectuada por las dos defensas que los habían propuesto.
«No justifica las causas»
Sí tendrán que testificar Santi Vila, consejero de Territorio de la Generalitat, y otros seis ex parlamentarios autonómicos (Gerard Martí, Josep Maria Llop, Montserrat Tura, Joan Boada, Ernest Maragall y Alfons López Tena), así como cuatro diputados del Parlament (Jordi Turull, Anna Isabel Marcos, Antoni Fernández Teixidó y Salvador Milá), todos ellos (salvo el ex vocal del CGPJ López Tena) propuestos por la Fiscalía y que vivieron en primera persona la jornada de acoso a las puertas de la Cámara autonómica.
El recurso de revisión de la Fiscalía argumenta que la decisión de que todos los mossos declaren por videoconferencia se adoptó «por órgano absolutamente incompetente», pues debería haberla acordado el tribunal y no la secretaria judicial, «que ni justifica ni razona las causas» para adoptarla.
Los fiscales recuerdan que la declaración por videoconferencia en un juicio debe acordarse de manera «excepcional», para preservar los principios de inmediación, oralidad, publicidad y contradicción. «La prueba testifical así prestada pierde parte de su valor», subrayan. Además, añade la Fiscalía, los mossos propuestos son «los instructores y secretarios del atestado», que deberán ratificar en la sala los vídeos y fotografías de los incidentes.
El tribunal dio el miércoles 24 horas a las partes (que concluyeron ayer) para que se pronuncien, y hoy resolverá la petición fiscal.
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