Tras el terremoto político que ha originado la confesión del empresario Víctor de Aldama, esta semana comparecen ante el instructor en calidad de testigos cuatro socios y una exsecretaria del comisionista vinculados tanto a la trama de las mascarillas y de los test PCR en aeropuertos de Canarias y Baleares como a los pagos al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en esta causa.

La citación de estos cinco imputados -Ignacio Díaz Tapia, Luis Alberto Escolano, a quien recurrió Aldama para pagar el alquiler del piso de la pareja de Ábalos, Javier Serrano, César Moreno García y María Piedad Losada- es anterior a la declaración de De Aldama, en la que apuntó a la supuesta complicidad en sus actividades del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de algunos de sus ministros. Mañana están citados Díaz Tapia, Escolano y Moreno, y al día siguiente será el turno de Javier Serrano y María Piedad Losada. Aldama, Díaz Tapia, Serrano y Moreno formaban parte del autodenominado grupo de WhatsApp "Los cuatro mosqueteros", en cuyas conversaciones la Guardia Civil ha hallado evidencias de pagos a Koldo García, el asesor de Ábalos, y al guardia civil que facilitaba teléfonos de seguridad a la trama.

Tras estas comparecencias, el juez interrogará a los agentes de la Guardia Civil que habrían colaborado con Aldama y que le habrían proporcionado teléfonos y facilitado consultas en sus bases de datos.

Al inicio de la investigación, la Guardia Civil encontró un chat denominado "los cuatro mosqueteros", en el que figuran Díaz Tapia, Serrano y Moreno además de Aldama. Estos tres socios habrían también colaborado con el comisionista en la despatrimonialización de sus fondos.

En sus informes, la UCO de la Guardia Civil sostiene que De Aldama "mantiene bajo sus directrices al resto de socios detenidos con él (Díaz Tapia, Serrano, César)", y que, entre otras cosas, se encargaban de la gestión, localización y entregas de dinero en efectivo al comandante Rubén Villalba, que, según lo investigado, recibía de De Aldama 2.000 euros de manera mensual.

Sobre este pago recurrente, De Aldama, al que la UCO define como el "nexo corruptor" de la trama, desmintió ante el juez Ismael Moreno que se tratase de un pago por sus servicios, sino por teléfonos encriptados necesarios para su colaboración con la Guardia Civil.

Y es que aseguró que por sus viajes a México y Venezuela "y por una serie de cosas" colabora con la UCE2, que es una unidad de antiterrorismo, y sostuvo además que derivada de esa relación, tenía contacto con la CIA y el FBI.

Las conversaciones en ese chat dejan constancia de unos movimientos que la UCO interpreta como pagos al asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, a través de su hermano en República Dominicana, suposición que De Aldama corroboró en su declaración, informa Ep.

La UCO sostiene también que Aldama y sus socios se lucraron con los test de Covid aprovechando "la ventana de oportunidad que proporcionaba la relación privilegiada de De Aldama con las altas instancias" del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. Utilizaron para ello la empresa Fertinvest Consulting, contando con su socio Eurofins Megalab.

Respecto a los test PCR, la UCO incluía una conversación entre Armengol y Koldo García en la que este se despedía con un "vale cariño, te mantengo informada" cuando le propuso que contratara a las empresas de De Aldama para las pruebas de detección del Covid en los aeropuertos de Baleares.

En otra de las conversaciones sobre las PCR, Koldo García le decía a De Aldama que Ángel Víctor Torres le había indicado que tenía interés en las PCR, a lo que De Aldama le replicó: "es muy importante, nos debe una grandísima".

Koldo siguió insistiendo a Torres en días posteriores, y el 25 de agosto Díaz Tapia, en nombre del propio Koldo, remitió información sobre el proyecto de control del Covid en pasajeros.

A este respecto, la Guardia Civil ha detectado tres contratos, fechados el 18 de diciembre de 2020 y el 1 de enero y 1 de febrero de 2021, que fueron otorgados a las empresas de De Aldama para los test PCR por un valor total de 5,3 millones de euros.