El Senado envía una carta al Congreso: deja entrever que irá al TC y pide que la ley que libera etarras se vuelva a votar

El presidente del Senado, Pedro Rollán, no se da por vencido con la ley que va a liberar a una cuarentena de etarras. Tras la maniobra del pasado lunes, cuando decidió devolver la iniciativa al Congreso porque el Pleno del Senado la había rechazado con mayoría absoluta pese a que no se había presentado un veto, Rollán ha enviado ahora una carta a Francina Armengol en la que pide que "proceda a convocar el Pleno" del Congreso para que se vuelva a votar la reforma de la Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, que va a permitir la aceleración de la puesta en libertad de presos etarras.

Además, en la carta, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN y lleva adjunto el informe de los letrados del Senado, Rollán ha dejado entrever que acudirán al Tribunal Constitucional. "En tanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional, sentando nueva jurisprudencia que dé solución al caso que nos ocupa, hasta ahora inédito, le ruego encarecidamente (...) que proceda a convocar el Pleno", señala el presidente del Senado en la misiva.

El Congreso ha ignorado la petición del Senado de debatir y votar nuevamente la iniciativa y ha acordado ordenar el envío de la ley al Boletín Oficial del Estado (BOE) y, en cuanto sea publicada, ya entrará en vigor. El PSOE y Sumar se han unido para evitar que la ley vuelva a ser debatida y votada en el Congreso después de que el Senado no diera por aprobada la ley porque el Pleno se opuso por mayoría absoluta. Cabe recordar que la Mesa del Congreso está presidida por Armengol y tiene mayoría de PSOE y Sumar, que suman cinco miembros de los nueve (el PP tiene cuatro).

Rollán, en la carta, critica a Armengol por la comunicación del acuerdo adoptado por el Congreso ya que "no viene respaldado por informe alguno de los servicios jurídicos del Congreso". En este sentido, cabe recordar que Armengol adoptó el acuerdo con una recomendación "verbal" del letrado mayor Fernando Galindo, sin acompañamiento de un informe técnico: de hecho, el Congreso ha tomado una decisión en apenas 24 horas, sin entrar a analizar jurídicamente la situación (el precedente más parecido se dio en 1995 con "Ses Salines" y el Congreso tardó una semana en dar una respuesta). "Se despacha así, rápidamente y en pocas líneas, de un modo que podría calificarse de frívolo e inconsistente, una cuestión de indudable trascendencia para el sistema político", afirma Rollán en la carta, que también recrimina las formas por la "celeridad" con que se ha tomado el acuerdo ya que el expediente llegó al Congreso tan solo unas horas antes.

El motivo del choque jurídico entre Congreso y Senado radica en que la Cámara Alta, apoyada por los servicios jurídicos, interpreta que si el Pleno rechaza una ley por mayoría absoluta, equivale a un veto (enmienda a la totalidad) y, por tanto, tiene los mismos efectos pese a que no se haya registrado. En cambio, el Congreso considera que la ley requiere sí o sí de un veto y de un apoyo al veto de una mayoría absoluta. En todo caso, como recordaron los letrados del Senado, nunca se ha dado esta situación y, por tanto, será el Tribunal Constitucional quien determine si se ajusta a la legalidad.

La reforma legislativa permite acelerar la liberación de 44 etarras ya que se deroga la disposición adicional única de la Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea y se modifica el artículo 14, que impedía que los presos de ETA condenados antes de agosto de 2010 pudieran descontar sus penas cumplidas en Francia. Sin embargo, con los cambios legislativos introducidos en este proyecto de ley del Gobierno, impulsados por enmiendas de Sumar, se descuentan las penas que han cumplido en Francia y eso permite acelerar la salida de prisión de los presos etarras. El PP ha asumido su "error" aunque tampoco era determinante porque el Gobierno ha contado con los apoyos de sus socios para tramitar la ley.