Sánchez se querella contra el juez Peinado por prevaricación

Guerra total. El presidente del Gobierno mueve ficha y, a través de la Abogacía del Estado, ha presentado una querella por prevaricación contra el magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid, "en defensa de la dignidad da la institución de la Presidencia del Gobierno de España". Hasta el momento, desde el Ejecutivo se habían limitado a atacar verbalmente la instrucción del magistrado que dirige la causa contra la mujer del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias, pero tras la declaración como testigo de Sánchez han decidido escalar la estrategia.

Fuentes gubernamentales confirman que, pese a que la querella ya estaba preparada con anterioridad, se ha esperado a presentarla después de la declaración. "A la consumación del acto de la prevaricación", aseguran, por verse "vulnerado su derecho a declarar por escrito", como así se solicitó, en su condición de jefe del Ejecutivo, y se negó por parte del instructor. "Lo que adquiere relevancia, no se nos llame a engaño, es lo hecho por la investigada en consideración a que su esposo es presidente del Gobierno, esto es, en atención a su cargo.

No cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo, cuando lo determinante del objeto de la investigación es la condición de presidente del Gobierno del marido de la investigada", dice la querella. La argumentación es "palmariamente contraria a lo que dice la ley", añade la Abogacía.

Fuentes del PSOE ya se referían días atrás en privado a una "prevaricación de libro" para calificar la "investigación prospectiva" que estaba llevando a cabo el magistrado Juan Carlos Peinado, sin embargo, no se atrevían a hacer estas consideraciones en público y, sobre todo, no se habían lanzado a actuar judicialmente en este sentido. Hasta ahora. Con la declaración de Sánchez se produce un salto cualitativo, en todos los sentidos.

La querella hace un recorrido por todas las fases de la instrucción de Peinado, a través de sus autos y providencias, resolviendo que "ello no supone, ni puede suponer un ataque al poder judicial, sino el intento de alejamiento del ejercicio puntual de un representante de ese poder, de la arbitrariedad proscrita constitucionalmente, dirigida, no solo respecto a cualquier ciudadanos, sino, en este caso, respecto del máximo representante de otro de los poderes estatales, esto es, el Ejecutivo, todo lo que parece explicar el injusto proceder del magistrado".

En su desarrollo, la querella intenta salvaguardar la separación de poderes: "Se trata de impedir que el ejercicio del poder judicial altere innecesariamente el discurrir y labor de los demás poderes estatales. No hay duda de ello y no la ha habido desde la aprobación de nuestra sobradamente centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal. A nadie se le escapa la relevancia pública, también la eventual relevancia electoral, que puedan tener las resoluciones judiciales que afectan a los cargos del poder ejecutivo".

La Abogacía del Estado solicita que se tome declaración como testigo al juez Carlos Valle, sustituto de Juan Carlos Peinado y quien rechazó el recurso de la Fiscalía a la petición de que Sánchez declarara por escrito. "Que explique si su contenido lo hace propio o fue expresión del parecer exclusivo del querellado -juez Peinado-, como los términos de la propia providencia sugiere", pide.