Sánchez pasa a la ingeniería financiera para aplacar a sus socios

El único plan es que no hay plan. Pedro Sánchez trabaja en varios escenarios antes de que converjan en uno solo: el del aumento del gasto en Defensa. El Gobierno busca la cuadratura del círculo, hacer compatibles los compromisos asumidos con Europa y la OTAN, con los adquiridos en clave doméstica con sus socios de investidura, que no comulgan con avanzar en la inversión militar.

El Ejecutivo está dispuesto a acelerar, pero está tratando de optimizar recursos para que la velocidad sea limitada. Las calculadoras echan humo. El horizonte del 2% del PIB puede resultar insuficiente de cara a la próxima cumbre de La Haya, en el mes de junio, donde se prevé que esta cifra pueda aumentar y para esta fecha, el Gobierno quiere llegar con los deberes hechos.

De disimular a aflorar

La estrategia pasa por varios frentes. El nacional y el europeo. A la espera de que Bruselas establezca los mecanismos financieros que pone al servicio de los estados, Sánchez ha puesto a trabajar a su equipo. El paradigma ha cambiado. Si hasta ahora había que disimular lo que se gastaba en Defensa, aprobándolo de tapadillo en el Consejo de Ministros y endosándolo a otras partidas; ahora Moncloa necesita hacer un esfuerzo de transparencia y recolección para aflorar cualquier gasto –hasta la fecha, «oculto»– para tratar de elevar la ejecución por encima del 1,28% del PIB (dato de 2023). El presidente reconoció el jueves desde Moncloa que el Gobierno desconoce el dato del gasto actualizado a 2024 y pugna por incluir toda una serie de partidas –con una concepción más amplia, la «visión 360»– para que se eleve y haga más fácilmente alcanzable los próximos objetivos.

Cuando Moncloa sepa con qué cartas juega: volumen de gasto actual y objetivo actualizado del que se debe conseguir, sabrá de qué envergadura es el desafío que tendrá que asumir. Los planes del Gobierno siguen pasando por esquivar al Congreso y limitar el esfuerzo de inversión a las capacidades que poseen como poder Ejecutivo.

«Todas aquellas cosas que tengan que pasar por el Parlamento pasarán por él, y otras cosas que tengan más que ver con la gestión del Gobierno serán aceleradas por el Gobierno», dijo Sánchez. Esto es, solo un eventual despliegue de tropas sobre el terreno –que no está hoy sobre la mesa– tendría obligación legal de conseguir el aval del legislativo, para el gasto corriente en Defensa se pondrá en marcha la ingeniería financiera.

Ya sea a través del Fondo de Contingencia, la «hucha» para gastos extraordinarios ya esquilmada, o a través de la movilización de partidas dentro de los Presupuestos, que, con unas cuentas prorrogadas, permite transferir con mayor facilidad de unas a otras los fondos que sean necesarios. En previsión de estos movimientos, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya amenazó ayer con llevar a Sánchez ante los tribunales si recurre a «enjuagues presupuestarios» para sortear al Parlamento, porque, en su opinión, está «bordeando la falta de democracia» mientras España se desliza hacia «un barranco de autocracia».

En todo caso, en el Gobierno están a la espera de que se concrete el maná europeo para no tener que hacer recortes en gasto social. «Ni un céntimo», se comprometió el presidente para tratar de calmar las suspicacias de sus socios de izquierda. Esto es, la aplicación de los instrumentos de financiación complementarios que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa: unas nuevas reglas fiscales, con flexibilidad para que no compute como déficit nacional el gasto en defensa; la utilización de fondos estructurales de manera voluntaria de aquellos países que lo reclamen; movilización de recursos del Banco Europeo de Inversiones (BEI); la creación de créditos y préstamos para compras conjuntas y apalancar inversión privada, además de la pública.

Sin embargo, pese a que Sánchez está a la espera y se fija junio como horizonte para concretar las inversiones; en Europa, urgen a los estados a realizar una «inversión masiva» antes de abril. Así se detallaría en el libro blanco de Defensa que la Comisión Europea presentará la próxima semana. La presión se eleva sobre España, porque mientras Bruselas pisa el acelerador, en nuestro país se da patada hacia delante para tratar de dilatar las decisiones.