Pedro Sánchez ya ni siquiera descarta llamar personalmente a Carles Puigdemont, según comentó ayer, informalmente, en la recepción en el Palacio Real con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad. Fue ambiguo y escurridizo, guardando un silencio atronador sobre el texto ya redactado de la futura ley de amnistía, y del que hablan sin tapujos sus socios de gobierno. A su llegada al desfile militar en Madrid fue recibido con sonoros abucheos y silbidos, un clima de hostilidad en el que se volvió a escuchar el lema de «que te vote Txapote», utilizado de manera habitual durante la pasada campaña, principalmente por dirigentes de Vox.

El morbo público puede estar puesto en el formalismo de si se comunica oficialmente que ha habido una conversación entre el presidente del Gobierno de España en funciones y un prófugo de la Justicia española, el ex presidente de la Generalitat, para negociar los apoyos del primero para sacar adelante su gobierno. Sin embargo, quienes están en la «pomada» de la negociación aseguran que la conversación con Puigdemont no es relevante en estos momentos. «Parece que ya está decidido que quien firmará el acuerdo con Puigdemont en nombre del PSOE será Santos Cerdá, por lo que este debate, que tanto interesa mediáticamente, lo dan por superado».

El vértigo de Sánchez está en el acuerdo sobre los contenidos, de lo que ayer no dijo palabra, más allá de un cúmulo de generalidades sobre la posición «de siempre» del PSOE en relación a Cataluña. Moncloa se está encontrando con la lógica dificultad de que no es fácil contentar a todos los egos: Pedro Sánchez quiere el acuerdo, «pero si se ponen nerviosos algunos, todo puede saltar por los aires». El vértigo de Sánchez es el precedente de lo que ocurrió en 2017, cuando estaba ya todo pactado para ir a elecciones y el pulso entre ERC y Junts desestabilizó tanto a Puigdemont como para cambiar en cuestión de minutos su decisión de convocar elecciones por optar por la Declaración Unilateral de Independencia.

«Los símbolos van a superar a los contenidos», comentan, enigmáticamente, en una de las partes de la negociación.

A la ley de amnistía le falta la exposición de motivos, que, aunque no es dispositiva, sí es muy importante para entender el por qué de la decisión política de hacer borrón y cuenta nueva sobre unos procesos judiciales abiertos, en lo que supone una clara interferencia entre los poderes del Estado. Tiene que estar muy bien justificada porque esta exposición de motivos será clave para defender ante los tribunales, en un duelo que será de alta tensión, el perdón para los independentistas señalados por haber delinquido durante la preparación del «procés».

Y falta también saber si alguno no sube el precio, sobre todo si no se sale del carril ERC, como ya ocurrió en 2017. Fuentes de la negociación lo ven muy improbable por la situación de debilidad en la que se encuentra este partido, pero es un riesgo que está encima de la mesa y que exige a Sánchez cuidar ese flanco para evitarse problemas.

Por eso su prioridad es cerrar un acuerdo con los de ERC –y de ahí la llamada a Oriol Junqueras–, que evite interferencias, una vez que ya conoce el listón de Puigdemont y éste es, realmente, el importante. La pugna entre Junqueras y Puigdemont, que en 2017 hizo saltar todo por los aires, sigue abierta, y la realidad es que con lo que hoy está escrito, el que gana es Puigdemont. La cúpula de ERC ha purgado en la cárcel los delitos cometidos, sin embargo Junts tiene a la cúpula de su partido en estado de prófugos de la Justicia o pendiente de procesos penales que acarrean inhabilitaciones y graves multas.

La diferencia entre que Puigdemont se cobre de Sánchez el borrón y cuenta nueva, o no lo haga, es que Junts pueda seguir existiendo y con posibilidades de volver a optar a la batalla por la Generalitat o que sea un partido, ya sin poder, y condenado prácticamente a su extinción. Por eso ayer Sánchez, en una conversación informal con periodistas, hizo hincapié en arropar a ERC, y hasta vendió la imagen de que les da un trato preferente como socios que han sido durante toda la pasada la legislatura. Una manera de pasarles la mano por el lomo, después de que el PSC les haya comido casi todo el pastel electoral, mientras que donde realmente está la leña del fuego es en la negociación con Puigdemont. «La gran cuestión es si ERC se atreve a montarla como lo hizo en 2017. Hoy lo dudamos».

Si todo sigue avanzando como hasta ahora, la investidura será en la segunda semana de noviembre. Pero hasta que el PSOE no pueda empezar a salir a defender la amnistía pactada con Puigdemont se le van a hacer largos los días. Moncloa sabe que es tiempo que ceden a la derecha para que continúe metiendo presión sobre las concesiones que bajo cuerda se negocian con el independentismo a cambio de sus votos.

Moncloa y Ferraz son conscientes del desgaste, con el único respiro a su favor de que no haya elecciones a corto plazo, más allá de las europeas. Y en las vascas y en las próximas catalanas creen que estas cesiones les benefician más que perjudicarles.

Por cierto, a la hora de redactar la exposición de motivos, además de combatir la reacción de los jueces, los negociadores también se juegan salvar la cara ante sus respectivas parroquias. Encontrar un espacio de grises para Puigdemont y Sánchez de cara a sus posiciones de hasta antes de ayer resulta una tarea ardua porque es tanto como encontrar un punto intermedio entre la versión que dice que los jueces abusaron de su poder en el «procés» y actuaron con criterios políticos, lo que deja a la Justicia española como si fuera la de un país con claros déficits en su Estado de Derecho, y la del Sánchez que se presentó a las elecciones con el compromiso de campaña de poner a Puigdemont ante la Justicia.

En el examen entra ver hasta dónde llega Puigdemont a la hora de renunciar a la vía unilateral, lo que los socialistas sostienen que se subsanará de manera implícita con la firma del acuerdo.