Sánchez desprecia el problema de la “okupación”: dice que es “desinformación” pese a que los datos siguen en máximos

El Gobierno considera que la “okupación” no es más que “desinformación”. Así responde a una pregunta parlamentaria por escrito del Grupo Vox pese a que los datos siguen en máximos: a expensas del balance de este 2024, en 2023 se registraron 15.289 "okupaciones", contando tanto allanamiento de morada como usurpación de inmuebles. Es decir, un dato todavía muy superior al que se registró en 2018, cuando llegó Pedro Sánchez a la Moncloa, ya que ese año se disparó hasta los 12.214 (en 2017, con Mariano Rajoy, la cifra estaba en 10.619).

Sánchez, que ahora trata de ganarse a la izquierda con el anuncio de la creación de una empresa pública para construir vivienda, parece que, en paralelo, alimenta el clima favorable a la "okupación" al relativizarla. En este sentido, desde el Gobierno aseguran que el fenómeno de la okupación “está disminuyendo lentamente” y que lo que se mantiene son las “campañas de promoción y la desinformación”, como denomina esta problemática que preocupa a los propietarios a la hora de poner su vivienda en alquiler, o el mero hecho de que se quede vacía y perderla. Para justificar este apunte, Interior indica que a nivel nacional en 2022 se produjo un descenso del 2,9% de este tipo de hechos, “tendencia descendente en 2023 en el que se ha producido una bajada del 8,8% con respecto a los datos del año anterior”.

En este sentido, sí que es cierto que, con datos del Ministerio del Interior, las okupaciones han ido cayendo ligeramente desde el pico de 2021, cuando se llegó a 17.274, pero aún se mantiene en niveles máximos. En todo caso, el Gobierno, en su respuesta, acude a la “estadística judicial”, ya que es más favorable a sus intereses: ahí, según los datos del Poder Judicial, en los últimos años “se observa una disminución en el número de condenas firmes por los delitos de allanamiento de morada, usurpación con violencia o intimidación y ocupación de inmueble” donde, indican que en 2024 se llevaron a cabo un total de 149 condenas por allanamiento de morada, 255 por usurpación con violencia e intimidación y 1.109 por ocupación de inmueble frente a las 2.665 que se llevaron a cabo de ocupación en 2023.

Sin embargo, el sistema estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior recoge que en 2023 fueron 6.664 las víctimas por allanamiento y usurpación de inmuebles, solo 115 menos que en 2022 cuando se registraron un total de 6.779 . Y es que, en 2021 esta cifra estaba en 7.374. De hecho, algunas comunidades como Andalucía (901) o Cataluña (2.658) han aumentado el número de víctimas con respecto a 2022 al igual que Navarra, Baleares, Canarias, Asturias, Aragón o Extremadura.

Desde el Ejecutivo aseguran que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan conforme al ordenamiento jurídico vigente y que lo hacen de forma “urgente y perentoria” ante los casos de allanamiento de morada, desalojando viviendas de inmediato y siempre que tenga permiso del morador y este haya presentado una denuncia. Asimismo, insisten que también actúan en el caso de las usurpaciones de inmuebles, residenciales o no, “pero que no son morada”. Es en este punto en el que subraya que “el proceder de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” está sujeto a una orden judicial de desalojo previa, además de la intención manifiesta del propietario “salvo que puedan intervenir en el momento en el que se está cometiendo el delito o sea con violencia e intimidación”, en cuyo caso pueden desalojar en estos casos “de inmediato”, explican en su respuesta parlamentaria. Sin embargo, la mayoría de las "okupaciones" de las viviendas se llevan a cabo aprovechando que el inquilino no está en ese momento.