Salgado desvió la defensa de Blanco a la Abogacía del Estado

«Sobre este tema, opina la Abogacía del Estado...en estos casos, entiendo que se solicita el criterio de la Abogacía del Estado, y entiendo también que siempre debe respetarse el principio de presunción de inocencia». Estas fueron las respuestas de la ex vicepresidenta económica en el último Gobierno de Rodríguez Zapatero, Elena Salgado, a las preguntas de la Fiscalía del Supremo sobre si la existencia de un procedimiento judicial en el que esté involucrado es una cuestión que se valore a los efectos de decidir sobre la concesión o no de ayudas públicas. La cuestión se refería al expediente que se tramitaba en el Ministerio de Economía de la petición de un crédito de 2,9 millones por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) a Laboratorios Nupel, propiedad del empresario Jorge Dorribo, principal imputado en el «caso Campeón».

En la declaración que remitió por escrito Salgado, a finales del pasado mes de junio, al magistrado del Supremo que instruye esa causa, José Ramón Soriano, la ex titular de Economía responde de forma más que escueta a las 43 preguntas que le formuló el fiscal. «No» o «ya he respondido anteriormente», son las contestaciones a una veintena de las cuestiones. En el resto, contestaciones más que escuetas, de apenas una línea, o, en las más extensas, sin llegar a tres.

Y es que la Fiscalía quería conocer si realmente su departamento participó de alguna forma en la tramitación del expediente relacionado con la mencionada ayuda a la empresa de Dorribo. Ya lo dejaba muy claro cuando solicitó la declaración de Salgado: «La Fiscalía del Tribunal Supremo considera que hay indicios suficientes de que José Blanco tratase con altos responsables del Ministerio de Economía y Hacienda el crédito de tres millones de euros que el empresario Jorge Dorribo había solicitado al Banco Europeo de Inversiones (BEI)».

Las dudas del fiscal

Este hecho fue negado por José Blanco en el Tribunal Supremo, donde sostuvo que todo lo relacionado con ese crédito era competencia de la Xunta de Galicia.

Sin embargo, el Ministerio Público entendía que había motivos para dudar de esa versión: «Es presumible que el aforado -Blanco- tratara el tema con los máximos responsables del Ministerio de Economía de la época».

Y eso fue, precisamente, lo que motivó su petición de que declarara Salgado y lo que le preguntó directamente a la ex ministra (en dos ocasiones, y, en ambas, despejó balones hacia la Abogacía del Estado) cuando se le interrogó sobre si se puede conceder una ayuda pública, «basándose en criterios puramente técnicos», a una empresa de la que es titular un detenido -Dorribo- por fraude a subvenciones públicas.

Donde no tuvo ninguna duda fue en negar cualquier interés de José Blanco en la tramitación del citado expediente de ayuda por el BCI a los mencionados laboratorios, ni en ningún otro. «¿Ha recibido alguna petición del ex ministro José Blanco en relación con la evolución de algún expediente administrativo llevado a cabo en el ministerio que dirigió?, le preguntó el fiscal. La respuesta de Salgado, clara y lacónica: «No». «¿En concreto, en relación con una solicitud de una empresa de Lugo, Laboratorios Nupel, S.A.?», insistía el Ministerio Público. Y la ministra, con la misma respuesta: «Ya he respondido anteriormente». Sin nada más que añadir.

También con un «no» contestó a si dio algún tipo de instrucciones a personal a su cargo para conocer el estado de la tramitación del expedientes de esas ayudas a los laboratorios de Dorribo, con cargos a las partidas de Incentivos Regionales.

Conocimientos en las ayudas

En cuanto a sus conocimientos de los procedimientos administrativos realizados dentro de su ministerio de solicitudes realizadas tanto por organismos públicos como por empresas privadas, también aquí Salgado tuvo una respuesta al fiscal un tanto esquiva: «Mi conocimiento dependía, evidentemente, de la naturaleza y cuantía de los asuntos y variaba también en la medida que mis colaboradores directos estimaran que los asuntos eran de gran relevancia para la política económica general».