El requerimiento de la amnistía del Senado al Congreso abre otro frente con posibles consecuencias jurídicas

El Senado celebra este jueves un Pleno con un único punto en el orden del día: una iniciativa del PP para dejar en suspenso, por ahora, el conflicto de atribuciones (recurso) ante el Tribunal Constitucional contra el Congreso por la amnistía. ¿Cuál es el motivo? Los populares aducen que ahora no pueden acudir al TC porque Francina Armengol ha incumplido el único «requisito» que la Ley marca para poder plantear el conflicto de atribuciones: el Pleno del Congreso debe pronunciarse sobre el requerimiento que le envió el Senado para retirar la amnistía y todavía no lo ha hecho.

El Pleno del Congreso no se ha pronunciado sino que le «ha suplantado» sus funciones la Mesa, que es un órgano de gobierno que no cuenta con representantes de todos los partidos, y eso, a juicio de los de Alberto Núñez Feijóo, invalida el procedimiento del conflicto de atribuciones iniciado el 10 de abril en un Pleno en el Senado. Ahora, para dejar este procedimiento en suspenso, el Pleno del Senado debe pronunciarse, nuevamente. En el PP insisten en que esta vía al TC permanece abierta a la espera de que el Congreso haga su trabajo correctamente y el Pleno se pronuncie.

En este sentido, hay juristas que advierten de que la maniobra de la Mesa del Congreso impidiendo que el Pleno se pronuncie sobre el requerimiento del Senado puede tener derivadas judiciales: esencialmente, en la vertiente contencioso-administrativa, aunque tampoco se descarta que pudiera haber incluso delito (Capítulo III del Título XXI del Libro II del Código Penal, que recoge los delitos contra las instituciones del Estado). No obstante, la vía penal se antoja muy complicada de que prospere, pero no la contencioso-administrativa, que requeriría de que un diputado impugnara el acuerdo de la Mesa del Congreso y llegara hasta el Tribunal Supremo.

Todo este choque entre el Congreso y el Senado arrancó el pasado 10 de abril, cuando el Pleno del Senado votó a favor de enviar un requerimiento al Congreso para que retirara la amnistía. En este sentido, quien debería haberse pronunciado sobre la retirada o no de la amnistía es el Pleno, pero lo hizo la Mesa el 16 de abril. A partir de ese momento, el Senado tenía un mes de plazo para decidir si continuaba adelante con el conflicto de atribuciones ante el TC y ha tomado la decisión de «congelarlo» con el acuerdo que este jueves se va a aprobar en el Pleno.

La vía del conflicto de atribuciones nace bajo el argumento de que la amnistía es una «reforma encubierta de la Constitución», por lo que se debería de estar tramitando como una reforma constitucional y no como un procedimiento legislativo. Si se tramitara como reforma constitucional, el Senado tendría más capacidad para tumbarla: en cambio, en el marco de un procedimiento legislativo, el Senado juega un papel de Cámara de segunda lectura, sin más posibilidad que plantear vetos o enmiendas en un plazo máximo de dos meses (además de invitar a juristas para que den su opinión).

El PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, deja ahora en suspenso la vía al TC, aunque lo más probable es que acuda cuando esté aprobada mediante un recurso. Los populares también están a la espera de que se pronuncie Europa a través de las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.