Reino Unido rectifica y valida la euroorden contra Ponsatí

Reino Unido ha validado la euroorden cursada contra la ex consellera Clara Ponsatí. Así se lo han hecho saber las autoridades policiales británicas a las españolas en un comunicado en el que, además –según ha podido saber LA RAZÓN– piden disculpas por los «malentendidos». A partir de ahora, una vez certificada la validez de la OEDE con respecto a la legislación de Reino Unido, la euroorden va a ser enviada a la Policía escocesa para que la estudie y tome las medidas oportunas.

Y es que apenas 48 horas después de que las autoridades británicas sembraran dudas sobre la euroorden, que llegaron a tachar de «desproporcionada», con posterior rectificación, Llarena remitió ayer mismo a Reino Unido información adicional para apuntalar los hechos por los que se reclama la puesta a disposición de la Justicia española de la ex consejera de Carles Puigdemont. En esa documentación complementaria, el magistrado recuerda que Ponsatí –a la que reclama por un delito de sedición– cedió en su calidad de responsable de Educación los centros de enseñanza para «que fueran utilizados como colegios electorales» el 1 de octubre de 2017. Y lo hizo, subraya, «pese a conocer la ilegalidad y la nulidad» del referéndum soberanista del 1-O, «que finalmente desembocó, tal y como se preveía, en actos violentos», y con el objetivo de «conseguir la alteración del orden legal y constitucional vigente».

Llarena enmarca la actuación de Ponsatí en el «plan seguido por el Gobierno autonómico de Cataluña y por miembros de su Parlamento autonómico para forzar y obtener la independencia» de Cataluña. Como integrante del Ejecutivo catalán, recuerda, firmó el decreto de convocatoria de la consulta pese a conocer las resoluciones del Tribunal Constitucional, hasta cuatro, «que habían declarado nulo el proceso».

En cuanto a la cesión de los colegios, el magistrado hace hincapié en que Ponsatí sabía ese 29 de septiembre de 2017 que el TC había suspendido el decreto de convocatoria y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había ordenado a las Fuerzas de Seguridad «que procedieran al cierre de los centros de votación e impidiera» el 1-O.

Y lo hizo además, añade, solo un día después de que la cúpula de los Mossos, con el mayor Josep Lluís Trapero a la cabeza, advirtiese a Puigdemont en el Palau de la Generalitat de que “de celebrarse el referéndum se preveía y era probable una escalada de violencia con brotes importantes de enfrentamientos el día 1 de octubre, como efectivamente ocurrió”.