La quita de la deuda: cocaína para todos

Seguro que recordarán la triste y desafortunada expresión del “café para todos” que se puso de moda hace unos años para describir la gestión autonómica. Parece inevitable que, para comprar los votos necesarios que les permitan a los gobernantes no verse obligados a abandonar la Moncloa, vamos a dar un paso más allá en la distribución de sustancias excitantes a las autonomías. A la cafeína le sucedió la nicotina y, cuando todo el mundo ya se había acostumbrado a fumar autonómicamente -a cargo por supuesto de la hacienda pública-, ahora resulta que, para terminar con el tabaquismo de algunas regiones, nos vamos a deslizar hacia el reparto de sustancias más duras. La nueva poción es premiar a quien más se endeude. Y eso ya es droga dura. Porque a derrochar cualquiera se acostumbra rápido.

Por seguir con el camino de los símiles y metáforas, me permitirán que recuerde las épocas en que a las instituciones gubernamentales les dio por subvencionar a algunos grupos de rock para sentirse modernas y defensoras de la cultura. Al provenir del mundo del rock, como algunos sabrán, conozco un poco el tema. El rock es una forma de música popular callejera que se distingue precisamente por hacer siempre la crítica del poder dominante, sea del signo que sea. Para el componente ácrata del rock, la política siempre ha sido y será una forma de ejercer dominio de unos seres humanos sobre otros; a veces mejor y otras veces peor, pero dominio, al fin y al cabo. Debido a ello, los grupos de rock subvencionados nunca consiguieron mucho prestigio mítico en el gremio. La dependencia de la subvención, fuera del signo que fuera, les quitaba colmillo, convirtiéndolos en inofensivos en un sector donde la desfachatez crítica era un ingrediente imprescindible y fundacional. Como muchos seguían manteniendo sus hábitos a pesar de la subvención, se empezó a hablar en broma, en ese género, de los consumidores de “cocaína pública” e incluso la cosa tuvo sus insignes víctimas. Era un símil exagerado, de acuerdo, pero servía muy bien para retratar con humor callejero una hipocresía de vicios privados y virtudes públicas.

Ahora parece que se reproduce, a gran escala fiscal, la discutible línea de acción de premiar a unos vicios privados con iniciativas de imaginaria virtud pública. Porque por mucho que lo exprese de una manera muy curiosa la chocante portavoz Pilar Alegría, no es el gobierno central quién se hará cargo de la deuda autonómica (lo cual seguramente sería visto con muy buenos ojos por todos los españoles, aunque no sé si el sueldo de nuestros ministros daría para tanto), sino que el gobierno central actual lo que ordena es que seamos precisamente todos esos españoles quienes nos comamos la carga provocada por gestores regionales que han hecho su tarea de una manera deficiente. Difícilmente se puede argumentar que eso sea por el interés general, sino más bien para la ventaja de unos pocos.

Lo que nos dice la ministra de Hacienda es: “Te propongo colaborar en aliviar tu economía doméstica si a cambio permites que unos amigos y socios míos atraquen impunemente la banca común y vosotros, como clientes, cubráis el agujero”. No se trata tanto de un chantaje al PP. Es un chantaje, a fin de cuentas, a todos los españoles. Tales modos de trilero deberían ser inaceptables en un Ministerio como el de Hacienda cuyo sistema caerá en barrena si deja de respetarlo toda la población.

Pero aún peor que los modos, son los números puros y duros y de qué manera se ha llegado a ellos. Se ha adaptado la contabilidad a lo que les convenía hacer a algunos, en lugar de analizar la contabilidad y ver, en función de esos datos objetivos, qué se podría hacer. La base de cálculo para un sistema tan discutible debería ser debatida entre todas las comunidades y definida por los técnicos económicos de la materia, que los hay. El baremo tendría que calcularse de una manera neutral y científica, matemática y no política. A ese respecto, Airef y Fedea ya han señalado que estas arbitrarias maniobras fiscales suponen un desequilibrio de los propósitos del sistema y comprometen de una manera bastante clara la sostenibilidad de toda la estructura tributaria.

El daño más profundo es perjudicar la justicia de un sistema tributario en la que creímos todos los españoles desde la Transición. Al convertirlo en injusto, las generaciones futuras descreerán de ese sistema y será irreparable. Todo a instancias de una minoría privilegiada como es Junts que, por mucho que se diga, no son los nuevos convergentes. Junts son solo los restos de un naufragio que dentro de poco empezarán a darse de bofetadas con Silvia Orriols por los votos ultramontanos. Los verdaderos neoconvergentes son Esquerra Republicana.

Era necesario reformar el sistema de financiación autonómica y esto es lo que se nos propone. Si para disfrazar ese despropósito se usan expresiones ininteligibles para la población como “reasignación del pasivo”, me permitirán que, ante el uso inadecuado de las fantasías de lenguaje contable pseudotécnico, lo traduzca al lenguaje de la calle para que lo entiendan mis conciudadanos. Y diga simple y concisamente: cocaína para todos.