El PSOE se ufana de domar a Junts con migración y salvar la amnistía

Tras la retirada de la cuestión de confianza que planteó Carles Puigdemont, Pedro Sánchez parece que ha ganado más fuerza para proyectar la posibilidad de acabar la legislatura, pese a que vaya a seguir teniendo que lidiar con las exigencias de Junts. Fuentes socialistas aseguran que las conversaciones se han reencauzado («les pesa la amnistía»), aunque desde el partido de Puigdemont sigan lanzando amenazas y supuestos ultimátum, ahora sobre una moción de censura.

De las conversaciones, se deduce, o eso alientan desde el PSOE, que al pacto sobre la cesión de la inmigración a la Generalitat solo le falta el visto final y decidir cuándo es el momento mejor para anunciarlo.

En la carpeta migratoria hay muchos obstáculos, sobre todo de carácter jurídico ya que Junts quiere que la Generalitat controle absolutamente todo, hasta el extremo de los permisos de residencia, la expedición del Número de Identificación de Extranjeros, las entradas de los flujos migratorios (a través del aeropuerto) o los procesos de expulsión. Son competencias muy sensibles que hacen muy difícil la delegación en la Generalitat, aparte de que avanzar por ese camino puede situarse fuera de la Constitución.

El punto intermedio en el que están negociando Junts y el Gobierno es que la Administración autonómica pueda colaborar en este tipo de labores con la autoridad estatal. De momento, no hay luz verde, pero sí suenan tambores de que está muy cerca, como ya ha ocurrido, también es cierto, en otras ocasiones, sin que llegara a concretarse.

La carpeta de la financiación ha vuelto a reabrirse con el acuerdo entre Gobierno y Esquerra para perdonar parte de la deuda a la Generalitat y al resto de autonomías, pero aquí Junts tiene que dar su última palabra.

Hasta ahora, los posconvergentes se han mostrado críticos con las cantidades pactadas entre Moncloa y Esquerra ya que quieren toda la quita del pasivo que atesora una Generalitat muy endeudada.

Esto les ha generado muchos problemas en los últimos años para acceder a los mercados financieros. Junts tiene la opción de encarecer el precio para apoyar la quita de la deuda, exigiendo un monto superior, o atando un acuerdo para el traspaso de las competencias en materia tributaria a Cataluña. De hecho, el concierto es un acuerdo que figuraba en el pacto de investidura, donde los posconvergentes exigían tanto la gestión de todos los impuestos por parte de la Generalitat como el recorte del «déficit» fiscal con el resto de España, lo que supondría anular cualquier tipo de solidaridad con las autonomías.

En este sentido, el camino para que la Generalitat asuma las competencias en materia tributaria se va allanando poco a poco dado que el actual Gobierno catalán, controlado por el PSC, ha activado ya la ampliación de los recursos humanos en la Agencia Tributaria Catalana (ATC).

De hecho, hace unos días, la Generalitat acordó la contratación de 192 personas más para trabajar en la ATC y el actual Ejecutivo de Salvador Illa está dotando a la agencia de más recursos que nunca. Este contexto hace pensar que, para 2026, el traspaso de estas competencias pueda convertirse en una realidad: así figura en su pacto de investidura con los de Esquerra Republicana.