"La violencia contra policías y guardias civiles está descontrolada y los agresores se sienten impunes" y la tragedia vivida este fin de semana en Barbate, Cádiz, donde dos guardias civiles han sido asesinados de forma premeditada es un claro ejemplo de ello. Sólo entre enero y agosto de 2023, se contabilizaron 11.311 agresiones, lo que suponen más de 1.400 al mes (unas 47 al día), según datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Una cifra que ha ido en aumento cada año y que evidencian un problema de calado. En concreto, en 2020 se registraron 13.671 ataques; en 2021, la cifra ascendió a 15.360 y en 2022, se disparó hasta las 16.651 agresiones. Por no hablar de las agresiones y amenazas que sufren los funcionarios de prisiones que ni siquiera son considerados agentes de autoridad. Desde los distintos sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil han exigido en numerosas ocasiones que se agraven las penas por agresiones a los agentes y se refuerce su protección jurídica. Denuncian que las consecuencias penales son "irrisorias", en su mayoría "multas que no se pagan por insolvencia del agresor". En definitiva, señalan, agredir a un policía o un guardia civil "sale gratis".

Agresiones, ataques, amenazas, insultos, calumnias, injurias y en el peor de los casos, asesinatos, que llegan tras años de impunidad y permisibilidad con los delincuentes. Porque los agentes insisten en la necesidad de reformar el Código Penal para endurecer las penas, que se les reconozca como profesión de riesgo y que se ejecute un "plan especial de seguridad". Plan que debe incluir un refuerzo policial que ataje las situaciones violentas a la que se enfrentan los policías y guardias civiles en sus intervenciones. Y es que la falta de efectivos es otra de las lacras que el Ministerio del Interior debe frenar.

¿Cuál es la pena por agredir a un agente?

El artículo 550 de nuestro Código Penal castiga con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses los atentados contra la autoridad. Sin embargo, desde los sindicatos apuntan que estas condenas suelen reducirse a una mera "falta", por lo que una agresión a un policía o un guardia normalmente se salda con una "multa de 50 euros" en un juzgado. Y es precisamente esa "sensación de impunidad" que tienen los agresores, lo que, a su juicio, provoca que aumenten las agresiones a los agentes. Por todo ello, hacen también un llamamiento a los jueces para que endurezcan las condenas.

¿Por qué no son una profesión de riesgo?

El asesinato de los dos guardias civiles a manos de unos narcos en Barbate, Cádiz, ha puesto también sobre la mesa una reivindicación que se antoja eterna: ¿Por qué no están considerados como profesión de riesgo? La respuesta es sencilla, porque esta reivindicación siempre choca contra la gran barrera del Ejecutivo de Pedro Sánchez y del ministerio de Grande-Marlaska, que dan la callada por respuesta. Un silencio que iba más allá de condenar los ataques a los agentes y que se extiende a la negativa de considerar como profesionales de riesgo a los policías nacionales y a los guardias civiles. Un rechazo que llama la atención, no sólo por el aumento visible de agresiones que sufren estos agentes, sino porque otros cuerpos policiales como la Ertzaintza y las Policías Locales sí forman parte de ese grupo denominado "de riesgo".

Más allá de disputas políticas, esta decisión responde a una mera cuestión económica, que ahonda en el agravio comparativo ya existente entre Policías del Estado. A saber: un agente de la Ertzaintza o de los Mossos d'Esquadra puede cobrar hasta 500 euros más al mes que un policía nacional o un guardia civil. Diferencia que aumenta a 900 euros mensuales tras la jubilación.

Y aquí está la clave, en las pensiones. Porque el hecho de pertenecer a una profesión de riesgo afecta de forma directa a la jubilación. ¿En qué sentido? Los profesionales agrupados en las denominadas profesiones de riesgo tienen la opción de solicitar la "jubilación anticipada" cobrando el 100% de la prestación. ¿Y quién decide qué profesiones son de riesgo? El Ministerio de Trabajo es el encargado de elaborar esta lista de la que forman parte los trabajadores ferroviarios, artistas, mineros, personal de vuelo de trabajos aéreos, profesionales taurinos, bomberos, así como miembros de las policías autonómicas y locales.