A finales de 2022, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, aseguraba de forma tajante que los funcionarios de prisiones eran una de sus “prioridades” y que mantenía un diálogo permanente con ellos. Es más, se jactaba de que la proposición de ley que les otorgaría la condición de agentes de la autoridad está en su trámite final. Pero sus palabras se alejaban bastante de la realidad, a tenor de las manifestaciones de los propios funcionarios de prisiones que tachaban al ministro de "inmoral, mentiroso y manipulador", entre otros muchos calificativos. "Debe pensar este infame ministro que se está dirigiendo a un colectivo de trabajadores a los que puede engañar o manipular. Ya lleva años en el Gobierno incumpliendo lo que prometió nada más llegar. Entre otras cosas, una subida salarial cuando hubiese presupuestos”, apuntaban indignados desde la asociación “Tu abandono me puede matar (TAMPM)”.

Hay que recordar que todavía está pendiente de aprobación la proposición de ley que les otorgaría la condición de agentes de la autoridad. Una reforma del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria (1/1979), que se tramita como proposición de ley y que se presentó el 24 de julio de 2020, hace más de dos años. Desde entonces, el Ejecutivo ha ido retrasando sin excusa alguna su aprobación, mientras los funcionarios de prisiones siguen denunciando "golpes, escupitajos, insultos, tocamientos y apuñalamientos". Según datos gubernamentales, el número de agresiones a funcionarios de prisiones se elevó a 410 incidentes en 2022, concretamente hasta el 30 de noviembre, de las que once fueron graves y una muy grave.

Por no hablar de que la forma correcta de hacerlo habría sido a través de un proyecto de ley o que "a otros colectivos de trabajadores los ha dotado de la condición de agente de autoridad de un día para otro por medio del Boletín Oficial del Estado (BOE) y los decretos que tanto le gusta emplear para saltarse el control parlamentario", denunciaban desde TAMPM.

Bloqueo sistemático de las negociaciones

Pero los varapalos a ese colectivo de funcionarios no cesa ahí, ya que sobre la mesa está también la polémica reclasificación de centros penitenciarios. Un asunto del que se ha hecho eco el diputado del Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados, Pablo Cambronero, quién, a través de una pregunta parlamentaria, exige al Ejecutivo una respuesta clara sobre el "bloqueo de las negociaciones para la reclasificación de centros penitenciarios" y el "maltrato" continuado al que les somete.

En su escrito, Cambronero recuerda que en noviembre del año pasado se constituyó un grupo de trabajo para resolver este problema concreto. Un grupo del que formarían parte Hacienda, Función Pública, Interior, así como distintos sindicatos de los funcionarios de prisiones. ¿El objetivo? Llegar a un acuerdo a finales de año. Sin embargo, este diputado denuncia que a día de hoy "la administración ha incumplido sistemáticamente, no convocando reuniones o cancelándolas sin previo aviso".

Por todo ello, exige también la comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. "La penosa situación de los centros penitenciarios y sobre todo de su escaso y maltratado personal es directamente imputable al Gobierno", relata Cambronero, que añade que en los últimos cinco años no han sido capaces de llevar a cabo ninguna de las mejoras prometidas. Una situación que le hace cuestionarse la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez y más en concreto, de su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "¿Está el Gobierno boicoteando en forma de retrasos, cancelaciones y diversas excusas la negociación que ya existe sobre la reclasificación de centros penitenciarios?", pregunta el diputado del Grupo Mixto.

Agredir a un funcionario "sale barato"

Desde los distintos sindicatos y asociaciones han denunciado siempre que la impunidad con la que los funcionarios de prisiones son agredidos, se debe, en gran parte, a no ser considerados agentes de autoridad. Agredirles, señalan, les "sale barato" a los agresores, desde el punto de vista punitivo. Y en este punto, el diputado del Grupo Mixto también se dirige al Ejecutivo con la intención de saber cuáles son los motivos de que el Gobierno siga sin considerar jurídicamente como autoridad a los funcionarios de prisiones.

Y finaliza su escrito con dos preguntas muy directas: "¿Por qué el Gobierno sigue sin abordar el problema creciente y gravísimo de las agresiones que sufren los funcionarios de prisiones en su labor diaria? ¿Qué tipo de medidas ha planteado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para la atención psiquiátrica de los internos agresivos que ejecutan la mayoría de agresiones a funcionarios?".