A la espera de abordar por primera vez la próxima semana la Ley de Amnistía –el Pleno debe pronunciarse sobre la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (TS) y en relación a la abstención planteada por el exministro Juan Carlos Campo– el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, entregó ayer a Felipe VI la memoria anual de la institución, en la que saca pecho por los resultados de su plan de choque para reducir la acumulación de asuntos pendientes en la corte de garantías, sobre todo por los miles de recursos de amparo que año tras año llegan al tribunal (en 2023 fueron 8.059, el 99,25% de los que se registraron en el TC, de los que únicamente se admitieron 87). Una sangría que el TC ha conseguido frenar desde que en febrero del pasado año el Pleno acordara regular su presentación a través de la sede electrónica para «simplificar el cumplimiento de los requisitos legales» que se exigen a los solicitantes de amparo, un ahorro de tiempo que ha permitido reducir a 2.661 el número de recursos de amparo pendientes de resolver, una cifra que al cierre de 2022 era de 6.312.

El pasado año, el TC dictó un total de 12.621 resoluciones, frente a las 7.247 del ejercicio anterior, habiendo decidido sobre la admisión de 11.503 demandas de amparo, 3.444 más de las que llegaron a la corte de garantías en esos doce meses.

La memoria también señala que en 2023 se dictaron 190 sentencias (el año anterior fueron 151). Entre ellas, ocho de los asuntos de mayor antigüedad en el tribunal. Trece años llevaba esperando una resolución el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que finalmente la mayoría progresista del TC avaló el pasado mayo.

Esa mayoría progresista (el pasado año de 7-4 y ahora de 7-5 tras la incorporación al TC del magistrado José María Macías, exvocal del Consejo General del Poder Judicial) resultó también determinante para avalar la Ley de Eutanasia y la conocida como «Ley Celaá». El Tribunal Constitucional dio asimismo su visto bueno a otra polémica reforma legal: la que en marzo de 2021 impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, que despojó al CGPJ de sus facultades de realizar nombramientos, lo que ha provocado la acumulación de más de un centenar de plazas vacantes en la cúpula judicial.

La mayoría progresista se impuso también (con los habituales votos en contra de la minoría conservadora) para rechazar el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra el impuesto a las grandes fortunas. Así ocurrió también con el visto bueno del TC a las fórmulas de acatamiento de la Constitución de diputados independentistas y de Podemos, que magistrados conservadores calificaron de «extravagantes», criticando la «barra libre» del tribunal respecto a estas polémicas formas de acatamiento de la Carta Magna.

La memoria del pasado año también recoge que en marzo de 2023 el Constitucional desestimó el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo.

Un ejercicio que también se ha caracterizado por el aval a los «decretazos» del Gobierno de Pedro Sánchez, unas resoluciones siempre acompañadas de los votos particulares de los magistrados conservadores, que se quejan de que el TC ha extendido un «cheque en blanco» al Ejecutivo en lo que consideran un «abuso» del decreto-ley huérfano de los presupuestos legales que lo justifican, una «extraordinaria y urgente necesidad» que el bloque minoritario no aprecia por ningún lado.