Pujol Ferrusola pide al juez que le actualice el salario mínimo

Jordi Pujol Ferrusola quiere que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz le actualice la cantidad equivalente al salario mínimo interprofesional que, desde hace un año, puede retirar de sus cuentas (bloqueadas por orden judicial) para hacer frente a sus gastos de subsistencia más básica.

Así lo ha solicitado su defensa al magistrado en un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN en el que el letrado de la familia Pujol, Cristóbal Martell, solicita a Pedraz que, dado que el pasado 14 de febrero el Gobierno actualizó el salario mínimo para 2023, fijado ahora en 1.080 euros al mes en 14 pagas, permita a Jordi Pujol Jr. retirar mensualmente de una de sus cuentas bloqueadas 1.260 euros. La cantidad resultante de dividir las doce pagas mensuales y dos extraordinarias del SMI en doce cuotas mensuales.

En la actualidad, el hijo de Jordi Pujol y Marta Ferrusola (apartada del procedimiento por una demencia sobrevenida) está autorizado a retirar mensualmente 1.167,66 euros.

El abogado recuerda que el instructor avaló el 21 de marzo del pasado año el desbloqueo parcial de una de sus cuentas para que Pujol Ferrusola pudiese retirar cada mes el equivalente al salario mínimo, como venía reclamando su defensa desde octubre de 2021.

Patrimonio bloqueado desde 2015

En la solicitud de actualización, la defensa del primogénito del expresidente de la Generalitat hace hincapié en que esa petición se produjo "al encontrarse bloqueado el patrimonio universal" de Pujol Ferrusola" (desde 2015), por lo que tiene prohibido por orden judicial "gestionar su patrimonio" y debe solicitar permiso a Pedraz "para cualquier movimiento, como se ha venido haciendo por esta defensa durante los últimos siete años".

Pedraz ya ha dado traslado a la Fiscalía de la petición de Jordi Pujol Jr. -para quien la Fiscalía pide 29 años de prisión por cinco delitos fiscales, asociación ilícita y blanqueo por su supuesta participación en la ocultación y gestión de la fortuna familiar oculta en Andorra- con el fin de que se posicione al respecto.

La defensa de Pujol Ferrusola reclamó al juez en octubre de 2021 que le permitiera disponer cada mes del equivalente al salario mínimo con el objetivo de poder afrontar "los gastos ordinarios del día a día". Y es que, según se quejó, para pagar su "necesidades vitales básicas" tenía que recabar el "apoyo directo y desinteresado de sus familiares más próximos".

La preocupación de la Fiscalía

La Fiscalía respaldó esa petición tras constatar que Pujol Ferrusola disponía entonces en una cuenta de Caixabank de 1.372.603 de euros en distintos productos financieros y de un saldo de 65.341,69 euros.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya ponderó en su día la necesidad de impedir, por un lado, que el hijo del expresident siguiese con su "ritmo de gastos" (para asegurar así su patrimonio "en aras a eventuales responsabilidades civiles), con la obligación de permitirle costear "la cobertura de las necesidades básicas de cualquier familia".

Con posterioridad a la autorización judicial a disponer del equivalente al salario mínimo, Pedraz también autorizó el desbloqueo parcial de sus cuentas para pagar los impuestos de los 17 coches de lujo de Pujol Ferrusola, quien periódicamente recurre al magistrado para poder hacer frente al pago de diversos impuestos.

Anticorrupción ya ha alertado al juez del riesgo de que la progresiva merma en su patrimonio pueda afectar al efectivo cumplimiento de las penas de responsabilidad civil a las que pueda ser condenado, dado que el juicio no tiene fecha aún y, tal y como informó LA RAZÓN, tampoco es probable que se celebre en 2023.

En julio de 2020, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, su esposa Marta Ferrusola y sus siete hijos fueron procesados por el juez José de la Mata por formar parte supuestamente de una asociación ilícita que se habría enriquecido "durante decenios" con actividades corruptas. Posteriormente, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal confirmó el procesamiento y avaló que la familia Pujol se habría aprovechado de "su posición privilegiada" en la vida política, social y económica catalana para acumular "un patrimonio desmedido" que habría engordado con "percepciones económicas derivadas de actividades corruptas". La Fiscalía Anticorrupción reclama para la familia Pujol Ferrusola penas que suman 92 años de cárcel, una vez excluida de la causa Marta Ferrusola por sufrir un proceso de Alzheimer.