Con la amnistía ya aprobada, el independentismo escenificó ayer en el Congreso su decisión de saltar al siguiente nivel. ERC tiene un problema de reordenación interna, tras la debacle electoral, que reduce sus fuerzas para combatir contra el intento del socialista Salvado Illa para presidir el nuevo gobierno de la Generalitat.

Pero la gravedad de su crisis interna también es un acicate para buscar la confrontación en Madrid si no quieren convertirse en un partido estrictamente subsidiario de los socialistas catalanes. Aquí es donde entra el factor desestabilizador de Carles Puigdemont y ese mensaje bravucón contra el presidente del Gobierno, a lo Vito Corleone, en el que le exige que le pague lo que le debe después de haberle permitido sacar adelante la investidura. Según Puigdemont, la deuda es la Presidencia de la Generalitat.

En Madrid se ha asumido como un apriorismo que después de las elecciones europeas se confirmará la investidura de Illa sin más problemas. Pero en estos momentos, en los que ya están en marcha los tanteos para la conformación del nuevo Parlamento catalán, y la elección de quien ocupa la Presidencia de la Cámara, empiezan a producirse reacciones y gestos que denotan nerviosismo en el PSC sobre la obsesión de Junts por reducirlo todo a la elección de «o se salva Illa o se salva Sánchez».

Este galimatías es lo que más preocupa en Moncloa, mucho más que el desgaste de la amnistía, porque están tan imbuidos de ese mensaje que sostiene que el resultado de las elecciones catalanas es el reflejo del apoyo al borrón y cuenta nueva de las causas penales a los que participaron en el «procés», que creen que esto ha generado además un clima de opinión de efecto expansivo que anula los daños de esta polémica medida a nivel nacional.

Los independentistas la dan por amortizada y lo que quieren son nuevas cesiones para mantener el espejismo de que continúan sosteniendo a Sánchez, y en el equipo de Sánchez también creen que está amortizada, pero en lo que afecta a la contención de los daños.

El tiempo que queda de campaña de las europeas dirá si tiene algún efecto en la evolución del clima electoral, igual que la irrupción de la investigación judicial por presunto tráfico de influencias que afecta a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. El goteo de informaciones va a seguir produciéndose, y Moncloa lo sabe, igual que lo sabe la oposición.

Desde el lado de Gobierno queman los teléfonos para intentar cortocircuitar esas informaciones o presionar a las voces que hacen análisis más críticos respecto a la situación de la mujer del presidente. Quien, con independencia de la evolución de su situación jurídica, en lo que es el plano estrictamente ético de la política, no puede obviar la pregunta de si una democracia sana debe permitir que la mujer del presidente del Gobierno se dedique a recaudar fondos en el ámbito privado, llamando a la puerta de grandes empresas.

En la medida en que es de cajón deducir que quien recibe la petición se va a sentir presionado con la idea de que detrás está el jefe del Ejecutivo y toda la maquinaria del Gobierno de regulación y demás decisiones administrativas.

Dicho de otra manera, «es muy difícil decir que no a la mujer del presidente cuando sabes que detrás está él, y que en la intimidad puede circular algún recado que te perjudique», según un ex ministro socialista.

El partido de la amnistía se juega ahora en el ámbito judicial. Y ahí también el Gobierno y los independentistas saben que desde los tribunales se pondrán todas las trabas que técnicamente sea posible. El Supremo no está por colaborar en su aplicación, no porque se vaya a declarar en rebeldía, sino porque entiende que hay déficits técnicos que lo justifican. Habrá que ver qué decisiones toma en los próximos días, y si una apuesta por declarar la ley inaplicable afecta a todo el texto o solo a una parte.

En medios jurídicos temen que la respuesta del Gobierno a los «peros» del Tribunal Supremo a la Ley de Amnistía, que incluirán una más que probable cuestión prejudicial sobre toda la ley o sobre una parte ante el Tribunal de Justicia Europeo, sea una embestida implacable, que conlleve resolver por las bravas la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Pero los magistrados del Supremo dan por descontada esta reacción. De hecho, la «canción» que se escucha salir del Supremo es que «no se van a dejar amedrentar por nadie porque ya están muy acostumbrados a los insultos de la izquierda y del independentismo».

No restan valor a la capacidad de «venganza» de Sánchez, pero, al mismo tiempo, no darán marcha atrás en la decisión de tirar adelante con todos los instrumentos que tienen a su alcance contra la Ley de Amnistía.

Así, a este cuadro político y parlamentario de guerra insana, hay que añadir el nuevo choque en toda regla entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, pero con el acicate, a favor de los jueces y magistrados del Supremo, de que una de las principales bazas del Gobierno, la ficha del fiscal general del Estado, está absolutamente «quemada», o así lo consideran ellos, por el rechazo que ya le han demostrado dentro de la carrera fiscal.

Está en una situación procesal inédita: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid está ya preparando la exposición razonada para que la querella de González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales de la Audiencia Nacional por revelación de secretos pase a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.