PSOE y Sumar registran la ley que impone la "solidaridad obligatoria" a las autonomías en la acogida de menores migrantes

PSOE y Sumar, junto a Coalición Canaria, han registrado una iniciativa en el Congreso para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y entregar al Gobierno todo el poder para el reparto de los menores migrantes entre las autonomías. "Solidaridad obligatoria", ha señalado el ministro Ángel Víctor Torres, quien ha presentado la iniciativa en el Congreso junto a la ministra Sira Rego y el presidente canario, Fernando Clavijo. Pese a que la iniciativa legislativa está liderada por miembros del Gobierno, se ha registrado como proposición de ley.

Con esta reforma legal, el Gobierno quiere acabar con el actual modelo de reparto voluntario de menores migrantes. Ahora mismo, la acogida de los menores migrantes que llegan a Canarias, Ceuta y Melilla se decide de forma voluntaria, de común acuerdo entre autonomías. Esa circunstancia ha dado pie a la crisis política que se ha desatado entre PP y Vox, ya que los populares han aceptado la acogida de 347 menores migrantes de forma voluntaria, mientras los de Santiago Abascal lo han rechazado.

El propio Torres ha señalado que el mecanismo de "solidaridad voluntaria" no está funcionando porque, según ha dicho, de los 700 menores que tendrían que haber salido de Canarias en los últimos años, tan solo han salido una treintena. De esta manera, ha justificado que la nueva ley dé al Gobierno todo el poder para distribuir a los menores migrantes cuando la capacidad de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla esté desbordada: los tres territorios son las principales puertas de entrada y se quiere fijar unos umbrales que marquen el límite.

En concreto, la proposición modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería con el fin de establecer el reparto de esos menores al resto de regiones cuando uno de esos tres territorios supere el 150 % de su capacidad de acogida. Con este texto legislativo, se busca dar una salida a los casi 6.000 menores extranjeros acogidos actualmente en el archipiélago canario ya que las islas están desbordadas. Torres ha recordado que el tope de Canarias son 2.000, por lo que tendrían que salir 4.000, que serían distribuidos en 12 meses en el resto de las comunidades autónomas. El tope de acogida de menores de Canarias es 3.000 ya que representa el 150% de la capacidad de acogida (2.000), mientras que Ceuta son 132 y Melilla, 249.

Con el registro de la ley, se ha puesto en marcha la tramitación parlamentaria: la propia ministra Sira Rego ha asegurado que la intención es que la iniciativa quede aprobada lo más rápido posible, aunque va a encontrarse trabas ya que los socios del Gobierno se han descolgado. Junts ya ha asegurado que no quiere saber nada del tema si Cataluña no queda excluida, mientras que el PNV ya ha dado por hecho su apoyo en la primera votación, que se celebrará el próximo martes.

Por tanto, el Ejecutivo ha quedado en manos del PP, que pone condiciones. Los de Alberto Núñez Feijóo han exigido al Gobierno un plan integral de política migratoria y han advertido de que no aceptarán "trágalas ni parches" en una cuestión de Estado como es esta, en referencia a la proposición de ley. Además, el PP también pone al Gobierno en el punto de mira por la financiación: la reforma legislativa no incluye nada sobre la asunción de los costes de mantenimiento de los menores migrantes y los populares quieren evitar que sus autonomías se hagan cargo de todo el gasto que supone cuando la competencia en materia migratoria es de Moncloa.

El PP propone declarar la emergencia migratoria para todo el territorio nacional, un compromiso financiero por parte del Ejecutivo y que el reparto de menores sea para todas las comunidades "sin excepción", en referencia a Cataluña, que se ha opuesto. También exige políticas de cooperación con los países de origen, una serie de medidas que llevan reiterando todo este tiempo y que el propio Alberto Núñez Feijóo puso en conocimiento de la Comisión Europea advirtiéndoles de que el problema en las fronteras españolas es un problema europeo.

Sobre la cuestión financiera, tanto Rego como Torres han hecho referencia. "Con esta propuesta también se garantiza una financiación suficiente para hacer frente a esta acogida vinculante y solidaria por todo el territorio por parte del gobierno. Por tanto, tiene recogidos todos los ingredientes, entendemos, suficiencia financiera y garantías de suficiencia financiera", ha subrayado la ministra. "Todas tienen voz y tienen voto, que tiene financiación porque lo que hacemos es remitir a la financiación aprobada en septiembre del año 2022 por la Conferencia Sectorial y además damos un plazo de tres meses por si se quieren cambiar esos criterios y hacer un nuevo plan", ha explicado el ministro.