Tras la polémica con PP y Vox

El PSOE llevará al Congreso la Ley de Memoria Democrática para obligar a los partidos a posicionarse

Los socialistas quieren que PP y Vox se retraten por impulsar leyes propias que sustituyen a la norma en cuatro comunidades

MADRID, 01/04/2024.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ofrece declaraciones sobre las acciones que llevará a cabo el Gobierno tras la derogación de leyes autonómicas de memoria democrática en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, este lunes. EFE/ Javier Lizon
El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Javier LizonAgencia EFE

El PSOE llevará al pleno del Congreso de los Diputados del próximo martes una iniciativa para obligar a los partidos a fijar su posición sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en las Comunidades Autónomas.

Esta constituye la reacción de los de Sánchez a nivel nacional a que tanto PP como Vox las vayan a sustituir en varios de los territorios en los que gobiernan -Aragón, Castilla y León, Islas Baleares y Comunidad Valenciana- por normas propias a las que han bautizado como de "concordia".

Los socialistas instarán así previa votación de una proposición no de ley a que la Cámara baja pida al Gobierno que siga desarrollando la actual Ley de Memoria Democrática y se reafirme el "deber y el compromiso de nuestra sociedad de proceder a la dignificación, el reconocimiento y la reparación de los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil" y que sufrieron "las consecuencias y la represión de la dictadura franquista".

El Partido Socialista quiere con ello hacer frente en el Parlamento a lo que juzgan de "oleada negacionista" de las políticas de memoria democrática por parte de las formaciones de derecha, que, bajo su óptica, "constituye un desprecio las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura" y un "desafío a la aplicación, implementación y desarrollo de la Ley estatal de Memoria Democrática".

Esta iniciativa se une a la elevación al Tribunal Constitucional (TC) del conflicto entre Aragón y el Ejecutivo central por la derogación de la norma en la región. Mientras que la administración aragonesa del popular Jorge Azcón prepara una ley autonómica para sustituirla.