El Tribunal Supremo ha solicitado al Congreso de los Diputados la autorización para investigar a José Luis Ábalos y, en un principio, el PSOE no ha querido ser claro del todo sobre la postura que iba a adoptar, pero, pocos minutos después, ha despejado todas las dudas. Esa autorización tiene que ser concedida por el Pleno ya que, tal y como recoge la Constitución, los diputados gozan de inmunidad: por tanto, todo está en manos de los grupos parlamentarios. A preguntas de los periodistas sobre si el PSOE va a apoyar ese suplicatorio, el ministro de Presidencia Félix Bolaños ha evitado dar un "sí" claro.

"Nosotros, siempre que ha habido un caso de este tipo, hemos colaborado con la Justicia. Lo que queremos desde el Gobierno es que se esclarezcan los hechos cuanto antes y que también que las personas que se están viendo falsamente acusadas puedan recuperar su honor y su buen nombre lo antes posible", ha señalado Bolaños en el Congreso, por lo que ha evitado ser explícito y, además, ha echado deslizado el discurso crítico de Pedro Sánchez contra los jueces que investigan a su entorno (sobre todo, por el "caso Begoña Gómez").

Sin embargo, pocos minutos después, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha sido rotundo para despejar cualquier duda. "Como hemos hecho siempre, nosotros respetamos las decisiones de la Justicia . Votaremos a favor de ese suplicatorio porque, como hemos dicho en muchas ocasiones, estamos deseando que la Justicia vaya hasta el final, aclare todo este asunto y determine las responsabilidades que hay en él", ha señalado.

La portavoz de Sumar, Verónica Martínez, ha sido más clara y, aunque ha evitado un "sí" claro a apoyar el suplicatorio, ha sido contundente. "Nosotros tenemos una máxima: con la corrupción, tolerancia cero. Caiga quien caiga", ha señalado y ha insistido, tras ser repreguntada por si eso significaba un "sí" a la autorización del Congreso: "Eso es lo que le he dicho. Con la corrupción, caiga quien caiga, tolerancia cero. Y, por supuesto, respetando procedimiento judiciales y apoyando las investigaciones que se produzcan al respecto".

En todo caso, el papel del PSOE en este sentido es importante porque ostenta la presidencia del Congreso y tiene capacidad para controlar los tiempos e, incluso, denegar la autorización. Así, según el artículo 14 del Reglamento, "el suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el período de sesiones a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio". Es decir, Armengol y el PSOE, que controlan la Mesa del Congreso, tienen margen para dejar el suplicatorio congelado para que quede denegado sin votación o pueden activarlo en el momento político más oportuno para sus intereses. Además, el PSOE gana ahora tiempo porque el suplicatorio tan solo puede tramitarse en periodo de sesiones, por lo que ya hasta febrero no se puede activar el procedimiento.

En caso de que no opte por esa decisión, según el propio Reglamento, cuando el Congreso reciba el suplicatorio remitido por el Tribunal Supremo, Armengol, previo acuerdo de la Mesa (compuesta por cuatro miembros del PP, tres del PSOE y dos de Sumar), lo remitirá en el plazo de cinco días a la Comisión del Estatuto de los Diputados para que allí, en el plazo de 30 días, se elabore un informe tras haber escuchado a Ábalos. La audiencia de Ábalos "podrá evacuarse por escrito en el plazo que la Comisión fije u oralmente, ante la propia Comisión". Ya concluido el trabajo de la Comisión, "la cuestión, debidamente documentada, será sometida al primer Pleno ordinario de la Cámara".

En este sentido, tras la votación en el Pleno del Congreso, en el plazo de ocho días, contados a partir de la concesión o denegación de la autorización solicitada, Armengol dará traslado del mismo a la autoridad judicial, "advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los Autos y Sentencias que se dicten y afecten personalmente al Diputado".

Sin la autorización del Congreso, el Supremo no puede investigar a Ábalos ni tomar ninguna medida que le afecte: ni investigación patrimonial, ni del móvil, ni medidas cautelares.

Hasta ahora, el Congreso ha aprobado 33 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.