El proceso para la expulsión de los monjes benedictinos de Cuelgamuros comienza el 2 de julio

Con la maquinaria en marcha para la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), el Gobierno acometerá el 2 de julio otro de los objetivos marcados por la Ley de Memoria Democrática: la salida de la comunidad benedictina del Valle de Cuelgamuros. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que la comisión interministerial que ordenará la marcha de la congregación de monjes quedará constituida ese día.

En una comparecencia en el Senado a petición propia, Torres reiteró su intención de que los benedictinos abandonen Cuelgamuros porque así lo establece la Ley de Memoria Democrática. «No pueden estar en ese emplazamiento y así lo haremos», subrayó, haciendo hincapié además en que la identificación del Estado con una determinada confesión religiosa «ha quedado superada».

Tras iniciarse las actuaciones contra la Fundación Franco, el ministerio de Ángel Víctor Torres hará lo propio con la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de quien depende el Valle de Cuelgamuros. Para ello será necesaria la elaboración de un real decreto para regular la organización, funcionamiento y régimen patrimonial del enclave, en aplicación del artículo 54 de la Ley de Memoria Democrática, con la intención de convertirlo en un centro de interpretación. Sobre la pendiente «resignificación», adelantó que el Gobierno abrirá posibilidades para un estudio en el que haya propuestas de expertos.

Acerca de la mudanza de los religiosos que incluirá el nuevo estatus, el que fuera presidente de Canarias dijo que la posición de la Iglesia Católica respecto al Estado y a la sociedad «se verá reforzada» con la «cooperación» para reubicar a los monjes benedictinos. Sin embargo, hay que recordar, como han apuntado desde la propia Fundación Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), que existe «un convenio a dos partes que no puede romperse de forma unilateral» por la «vigencia de los acuerdos entre España y la Santa Sede».

Pablo Linares, presidente de la ADVC, enmarca el repunte de actividad en torno a estas cuestiones en una «maniobra de distracción», con «la prevista declaración de Begoña Gómez tres días después de arrancar la comisión, el 5 de julio».

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática informó asimismo de que se han identificado los restos de una víctima del Valle de Cuelgamuros procedente de Borja (Zaragoza). «He comunicado a la familia la identificación de los restos de una víctima del municipio de Borja, la primera víctima de la comunidad de Aragón [identificada en el Valle]», apuntó.

Fuentes del Ministerio han especificado que se trata de Esteban Giménez Ezpeleta, asesinado en agosto de 1936 en Borja y natural de Magallón, también en Zaragoza, localidad esta última de la que es alcalde su nieto, con quien habló el ministro para darle la noticia. «La emoción del familiar ha sido indescriptible», señaló Torres, en declaraciones recogidas por Ep.

En total, ya son doce víctimas identificadas en el antiguo Valle de los Caídos desde que comenzaron los trabajos de exhumación hace más de un año, el 12 de junio de 2023, después de seis meses de obras preparatorias, según las mismas fuentes. El primer grupo fue reinhumado en agosto pasado en Pajares de Adaja (Ávila).

Ángel Víctor Torres detalló que recientemente se han trasladado 70 muestras del Valle al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, dependiente del Ministerio de Justicia, para su identificación genética, y se han localizado 213 restos de víctimas procedentes de lugares como Calatayud, Villanueva de Gállego y Biota (Zaragoza), que también serán analizados.

El ministro indicó que ya han finalizado las visitas de los familiares a los trabajos de exhumación en el Valle con la participación de un total de 149 personas procedentes de 60 familias, y que las tareas continúan para rescatar los cuerpos de las 170 víctimas que han sido reclamados por sus descendientes.

Respecto a la última identificación, Linares se pregunta cómo se ha logrado, « si [los forenses] llevan desde el 7 de enero sin aparecer, más allá de hacerse la foto con Pedro Sánchez el 4 de abril». Y se cuestiona por ello «si han localizado los restos antes del 7 de enero y lo han silenciado a la familia hasta que les ha interesado mediáticamente» o, «por el contrario, están trabajando con restos óseos fuera del Valle». Ambas dudas serán formuladas ante Patrimonio Nacional.

Ante la oposición de algunas familias, Ángel Víctor Torres aseguró que las exhumaciones se llevan a cabo con pleno respeto y por tanto considera que nadie que tenga un familiar enterrado «en cualquier otro punto de la cripta» puede reclamar que se paralice una exhumación en otro lugar «que no le atañe».

Afirma el ministro que las víctimas del bando vencedor están perfectamente sepultadas en las criptas «con cajas identificadas con nombres individuales», mientras que las del bando perdedor están enterradas «en una amalgama de huesos apilados sin más, hasta 12 personas en la misma caja, y sin nombre» y además, denuncia, han sido llevadas a las criptas sin conocimiento de sus familiares «que han pasado décadas honrándolos en lugares, fosas, en los que no están».

Los trabajos están actualmente detenidos desde que terminaron de actuar en los osarios que habían abierto antes de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 10 de Madrid paralizara la licencia de obras en septiembre del año pasado. Desde ese momento no pudo acometerse trabajo alguno donde no se había hecho antes la obra que lo permitiera.